Editorial:

Matones sin control

La muerte de Wilson Pacheco, emigrante ecuatoriano, golpeado y arrojado a las aguas del puerto de Barcelona por los porteros de dos locales nocturnos evidencia la espantosa y creciente impunidad con que actúan algunos vigilantes de este tipo de establecimientos. Tras la visión de las escalofriantes imágenes de los vídeos y los relatos de los testigos presenciales, quedan pocas dudas de que Pacheco falleció ahogado después de haber sufrido una brutal paliza.

Amparados en el discutible derecho de admisión, algunos locales nocturnos y discotecas han dejado en manos de chulos y maton...

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La muerte de Wilson Pacheco, emigrante ecuatoriano, golpeado y arrojado a las aguas del puerto de Barcelona por los porteros de dos locales nocturnos evidencia la espantosa y creciente impunidad con que actúan algunos vigilantes de este tipo de establecimientos. Tras la visión de las escalofriantes imágenes de los vídeos y los relatos de los testigos presenciales, quedan pocas dudas de que Pacheco falleció ahogado después de haber sufrido una brutal paliza.

Amparados en el discutible derecho de admisión, algunos locales nocturnos y discotecas han dejado en manos de chulos y matones el control de acceso. La violencia con que administran el ejercicio de este derecho, con una sistemática discriminación de gitanos e inmigrantes magrebíes y latinoamericanos, ha convertido determinadas zonas de las ciudades, como el Maremàgnum de Barcelona, en espacios de alto riesgo que se organizan al margen de la ley.

Los hechos del pasado domingo han ocurrido tras una inquietante sucesión de denuncias. El local en que se originó la agresión acumula 11 expedientes sancionadores por abusos en el derecho de admisión. Hoy mismo, el propietario del negocio comparece en un juicio por un delito continuado contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. Y uno de los vigilantes presuntamente responsables de los hechos, que se ha dado a la fuga, cuenta con antecedentes por otras agresiones. Como ha sucedido otras veces, tiene que ocurrir un drama para que las autoridades reaccionen.

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La circunstancia de que la seguridad y el control administrativo de esa zona esté repartido entre tres distintas instituciones -policía del puerto, policía gubernativa y Guardia Urbana- sólo contribuye a diluir las responsabilidades y a retardar las medidas necesarias para impedir que hechos tan condenables puedan repetirse. Urge un control de los sistemas de seguridad de estos establecimientos y de las zonas de ocio nocturno en las que la policía responsable ha hecho una imperdonable dejación de funciones. También resulta censurable la falta de equipos de salvamento en zonas especialmente peligrosas como las portuarias.

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