Aborto inseguro

El fiscal jefe de Andalucía ha pedido que se suspenda el ingreso en prisión de dos ginecólogos condenados por un delito de aborto cometido en 1995 hasta que se resuelva su recurso al Constitucional. El fiscal pide, subsidiariamente, que se cambie la pena de prisión por la de multa, en atención a las circunstancias del caso. Sobre todo, que el motivo de la condena fue que el certificado médico sobre los riesgos del embarazo para la salud mental de la mujer fue firmado por una psicóloga, en lugar de por un psiquiatra. Otros dos médicos han sido condenados recientemente en Castellón. El riesgo de...

El fiscal jefe de Andalucía ha pedido que se suspenda el ingreso en prisión de dos ginecólogos condenados por un delito de aborto cometido en 1995 hasta que se resuelva su recurso al Constitucional. El fiscal pide, subsidiariamente, que se cambie la pena de prisión por la de multa, en atención a las circunstancias del caso. Sobre todo, que el motivo de la condena fue que el certificado médico sobre los riesgos del embarazo para la salud mental de la mujer fue firmado por una psicóloga, en lugar de por un psiquiatra. Otros dos médicos han sido condenados recientemente en Castellón. El riesgo de cárcel sigue acechando a médicos y mujeres por la inseguridad jurídica que planea sobre los tres supuestos legales de interrupción del embarazo.

¿Qué seguridad jurídica puede tener una ley cuya aplicación depende de criterios profesionales siempre discutibles -la medicina no es una ciencia exacta- y en la que la mujer que aborta y el médico que la atiende quedan al albur de un tercero: el marido, un médico discrepante o una asociación antiabortista?

Estos nuevos episodios avalan los reiterados intentos de los grupos de la izquierda parlamentaria por establecer un marco legal del aborto fuera del alcance del Código Penal -ley de plazos o supuestos legales más amplios y definidos-, que otorgue amparo jurídico a la libre decisión de la mujer y que deje sin asidero legal al militantismo ideológico. Las asociaciones provida están detrás de la mayoría de las diligencias judiciales que se abren contra médicos y mujeres por casos de aborto acogidos a los tres supuestos legales. Se calcula que en la actualidad hay unos 300 procesos judiciales abiertos. Aunque en su mayoría terminan archivándose, constituyen una fuente de incertidumbre y de sinsabores para quienes los sufren.

El calvario de los médicos condenados en Granada y Castellón empieza mucho antes, con denuncias que tardan años en tramitarse. A la condena en sí, con la secuela de la inhabilitación profesional, se añaden los efectos de una justicia que se pronuncia años después. El Gobierno del PP, que se opone a todo intento de ampliar la ley del aborto, y que ha pasado olímpicamente de ésta y de otras cuestiones relacionadas con la libertad individual y modo de vida de las personas en su XIV Congreso, tiene en sus manos la facultad del indulto para impedir ingresos en prisión no queridos por casi nadie e inhabilitaciones profesionales fuera de lugar.