Expulsión familiaren Melilla

Al delegado del Gobierno en Melilla no se le ha ocurrido mejor cosa para resolver el problema de la delincuencia juvenil en esa ciudad que proponer la expulsión de los jóvenes delincuentes que no sean españoles y, junto con ellos, a toda su familia. Aparte de lo disparatado que resulta pretender resolver un problema tomando la parte por el todo, la propuesta rezuma autoritarismo y arbitrariedad. ¿Acaso en Melilla no delinquen, aunque sólo sea en una pequeña proporción, los adolescentes españoles, y el problema de la delincuencia juvenil debe recaer por entero sobre sus colegas inmigrantes?
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Al delegado del Gobierno en Melilla no se le ha ocurrido mejor cosa para resolver el problema de la delincuencia juvenil en esa ciudad que proponer la expulsión de los jóvenes delincuentes que no sean españoles y, junto con ellos, a toda su familia. Aparte de lo disparatado que resulta pretender resolver un problema tomando la parte por el todo, la propuesta rezuma autoritarismo y arbitrariedad. ¿Acaso en Melilla no delinquen, aunque sólo sea en una pequeña proporción, los adolescentes españoles, y el problema de la delincuencia juvenil debe recaer por entero sobre sus colegas inmigrantes?

Menos mal que el delegado del Gobierno ha condicionado su propuesta a la previa autorización judicial de la expulsión. Pero ningún juez de Melilla o de otro lugar de España daría su consentimiento a una iniciativa que hace a los padres responsables directos -poco menos que autores materiales- de los delitos o faltas cometidos por sus hijos menores de edad, saltándose a la torera las reglas básicas sobre la responsabilidad civil y penal vigentes, y que tiene, incluso, un apenas disimulado componente de represalia contra toda la familia que ninguna ley autoriza; tampoco la de Extranjería.

El problema de la delincuencia juvenil compete también a los padres, desde luego. En Melilla y fuera de ella, se trate de padres inmigrantes o españoles. Pero en materia de responsabilidades sólo cabe exigirles -además de la mejor educación que puedan procurarles- exactamente aquello que está tasado en la Ley del Menor: hacerse cargo, como principales responsables civiles, de los daños y perjuicios causados. Ir más allá de estas exigencias, además de posiblemente ilegal, resulta discriminatorio para las familias inmigrantes, castigándolas, por algo que no han hecho, con su expulsión colectiva de España. Se trataría de una clara burla de las medidas de reagrupamiento familiar que contempla la ley de Extranjería para la integración del inmigrante.