El Gobierno quiere sacar 5.000 pisos vacíos en alquiler en cuatro años
El departamento de Vivienda será intermediario entre el propietario y el inquilino
El Gobierno vasco pretende sacar al mercado en régimen de alquiler, en un plazo de cuatro años, un total de 5.000 viviendas del parque de 72.733 que están desabitadas, 27.353 sin ningún tipo de uso. El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, anunció ayer que su departamento será intermediario entre el propietario y el inquilino, que deberá estar inscrito en Etxebide para acceder al alquiler. Este servicio público de vivienda tiene actualmente una bolsa de 77.000 peticiones. El Gobierno garantizará el pago del alquiler, el mantenimiento de la vivienda y su devolución en...
El Gobierno vasco pretende sacar al mercado en régimen de alquiler, en un plazo de cuatro años, un total de 5.000 viviendas del parque de 72.733 que están desabitadas, 27.353 sin ningún tipo de uso. El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, anunció ayer que su departamento será intermediario entre el propietario y el inquilino, que deberá estar inscrito en Etxebide para acceder al alquiler. Este servicio público de vivienda tiene actualmente una bolsa de 77.000 peticiones. El Gobierno garantizará el pago del alquiler, el mantenimiento de la vivienda y su devolución en el plazo acordado.
El total de viviendas vacías en la comunidad vasca es de 72.733. Pero, si se eliminan las 25.315 destinadas a segunda residiencia, las 18.202 que han tenido alguna utilización en los dos últimos años y las 1.863 que están en el mercado, quedan 27.353 pisos gestionables. Estos son los que el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales tiene en cuenta para su programa de arrendamiento, según explicó ayer el consejero Javier Madrazo.
Las viviendas deshabitadas se caracterizan por estar situadas principalmente en los grandes núcleos urbanos y por la antigüedad de muchas de ellas, lo que requirirá un trabajo de rehabilitación. Además, la mayor parte son propiedad de particulares y no se encuentran en el mercado. Sólo 584 de las 27.353 sin uso pertenecen a la Administración pública; están desocupadas porque hallarse en proceso de reasignación, debido a que el inquilino ha renunciado a la adjudicación o porque el titular ha fallecido. Madrazo señaló que el objetivo de arrendar 5.000 viviendas, aunque pueda parecer 'modesto', es 'realista', porque la mayoría de los propietarios es reticente al alquiler debido a la rigidez de la legislación, el riesgo al impago y el temor a los desperfectos que pueda sufrir la vivienda.
Con el fin de solventar estas dificultades, el Gobierno gestionará con los propietarios la puesta en alquiler, ofreciendo ayudas para los arreglos y garantizando la devolución de la vivienda en un plazo determinado y sin deterioro. El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales estudiará fórmulas legales que salven el límite de los cinco años establecidos legalmente, de forma que puedan aplicarse plazos de arrendamiento inferiores. El pago del alquiler se hará directamente del Gobierno al propietario y será algo menor que el que rige en el mercado, ya que ofrece mayores garantías. El demandante, por su parte, pagará un alquiler protegido en torno a las 30.000 pesetas mensuales, aunque la renta dependerán de sus ingresos. En las condiciones de alquiler irá incluida la exigencia del cuidado y buen uso de la vivienda, que será revisada periódicamente para actualizar la renta o para dar entrada a otra persona necesitada.
Servicio de inspección
Por si fuera insuficiente, se creará un servicio de inspección para evitar el uso fraudulento de las viviendas protegidas que se han vendido, así como para comprobar que las condiciones de recursos o propiedad de los que acceden a un alquiler no se modifican. Tampoco se descarta algún tipo de medida penalizadora a los propietarios, si bien Madrazo matizó que su departamento prefiere 'las medidas positivas'.
Dentro de la aplicación del plan, el Departamento de Vivienda prevé suscribir acuerdos con los ayuntamientos para elaborar censos que permitan identificar a los propietarios de las viviendas en alquiler y así contactar con ellos. También se lanzará una campaña pública de sensibilización e información y, finalmente, se dotará de la estructura de personal y sistemas necesario para desarrollar el proyecto.
Para la elaboración del estudio sobre la situación de la vivienda en Euskadi se han visitado 21.816 y se han realizado encuestas detalladas sobre 1.351 de ellas, de las que 259 están en Álava, 397 en Guipúzcoa y 697 en Vizcaya. El 36,8% de las desocupadas se concentra en las tres capitales vascas, el 18% en los otros siete municipios más habitados y otro 26% en los municipios de entre 10.000 y 40.000 habitantes. Otros datos relevantes son que el 95,6% de las viviendas deshabitadas son propiedad de particulares y que tan sólo el 11% está en el mercado de venta (4,3%) o alquiler (6,7%). Un 34% no ha sido utilizada en los últimos dos años y tiene una antigüedad de más de 50 años. A su vez, un 51,4% tiene menos de 75 metros cuadrados de superficie útil.
El porcentaje de viviendas vacías ha empezado a reducirse lentamente, aunque los porcentajes son aún muy insuficientes. Así, en la encuesta bianual del Gobierno vasco se señala que actualmente están deshabitadas un 10,4% del parque total, del que un 3,4% corresponde a segundas residencias.
Madrazo reconoció la dificultad de propiciar desde la Administración que el precio de la vivienda libre se reduzca. No obstante, señaló que unas de las fórmulas es que se rebaje el precio del suelo con una actuación conccertada de todas las administraciones y que la oferta de vivienda protegida pueda competir con la de pisos de precio libre.
Precedente navarro
Un plan de alquiler similar al que pondrá en marcha el Gobierno vasco ya ha comenzado a aplicarse en Navarra el último mes. El Gobierno de la Comunidad Foral dispone de una Bolsa de Viviendas de Alquiler dirigida a los propietarios particulares de 25.000 viviendas vacías. El sistema está gestionado por la sociedad pública Viviendas de Navarra (VINSA) y garantiza el cobro de las rentas mediante un seguro de pago financiado por la Administración, así como la conservación de las viviendas mediante una segunda póliza de aseguramiento multirriesgo del hogar. A los inquilinos, se les proporcionará viviendas a precios asequibles, con un baremo de subvención que oscilará entre el 25% y el 27% del arrendamiento, con el tope de 84.300 pesetas.
En la primera semana de funcionamiento, 26 propietarios de pisos vacíos mostraron su disposición a participar en el proyecto, lo que cubre el 26% de las previsiones del año 2002, según estimaciones oficiales..