La Concepción promete que, a pesar de su situación económica, atenderá a los pacientes
El gerente de la clínica asegura que los trabajadores cobrarán íntegramente los salarios
La Fundación Jiménez Díaz, propietaria de la clínica de la Concepción, solicitará hoy al juez que le permita retrasar, y hasta anular, parte del pago de la deuda de más de 6.000 millones de pesetas que mantiene con diversos proveedores. La fundación invocará una figura jurídica denominada quita y espera para no tener que hacer frente a los acuciantes pagos. En la práctica, esta figura es equivalente a una suspensión de pagos de una empresa privada. El gerente de la clínica, Fernando Astorqui, reconoce la 'insolvencia' del centro, pero promete dos cosas: que pagará puntualmente a ...
La Fundación Jiménez Díaz, propietaria de la clínica de la Concepción, solicitará hoy al juez que le permita retrasar, y hasta anular, parte del pago de la deuda de más de 6.000 millones de pesetas que mantiene con diversos proveedores. La fundación invocará una figura jurídica denominada quita y espera para no tener que hacer frente a los acuciantes pagos. En la práctica, esta figura es equivalente a una suspensión de pagos de una empresa privada. El gerente de la clínica, Fernando Astorqui, reconoce la 'insolvencia' del centro, pero promete dos cosas: que pagará puntualmente a los 2.100 empleados de la clínica y que los pacientes no sufrirán las consecuencias del impago a los proveedores.
'Con esta medida de quita y espera conseguimos la seguridad jurídica que necesitamos para negociar con los proveedores sin que éstos amenacen con llevarnos a los tribunales para reclamar el dinero que les debemos', aseguró en la tarde de ayer Fernando Astorqui, gerente del centro sanitario.
Unas horas antes, el Patronato de la Fundación Jiménez Díaz, propietaria de la clínica, había aprobado reclamar a los jueces un quita y espera. El patronato es el máximo órgano de decisión de la fundación y está formado por médicos, trabajadores, la gerencia y representantes de las administraciones públicas.
El procedimiento de quita y espera es para las fundaciones, entidades sometidas al Derecho Civil, el equivalente a la suspensión de pagos en las empresas, que están sometidas al Derecho Mercantil.
En la práctica, esta medida supone el reconocimiento de que la Concepción no puede pagar el dinero que adeuda a sus proveedores y solicita, ante el juez, la apertura de una mesa de negociación para que éstos renuncien a cobrar parte del dinero que se les debe. Además, los proveedores tendrán que cobrar el resto de lo adeudado cuando la fundación pueda pagarles.
Quiebra técnica
Los acreedores, según el Código Civil, deberán aceptar ante el juez estas condiciones. En caso de no hacerlo, la fundación entraría en situación de quiebra técnica, sus bienes serían intervenidos y liquidados y el dinero obtenido sería repartido entre todos los acreedores.
Sin embargo, según las fuentes jurídicas de CC OO, los acreedores suelen aceptar negociar porque, en caso de quiebra, 'el proceso de liquidación es muy largo y el dinero que acaban por cobrar no supera el 10% de lo que se les debe'.
La fundación adeuda en estos momentos más de 6.000 millones a sus proveedores y otros 7.000 más a la Seguridad Social. Esta última deuda proviene de la anterior crisis que la Concepción vivió en 1991 y no es de pago urgente, porque 'está congelada por el Consejo de Ministros', según Astorqui.
La Concepción negocia desde hace dos meses con las asociaciones empresariales de los laboratorios farmacéuticos (Farmaindustria) y de las empresas de productos sanitarios (Fenin) el pago de los otros 6.000 millones. Este periódico no pudo ayer contactar con los representantes de ambas asociaciones para conocer su opinión sobre la decisión tomada por la Fundación Jiménez Díaz.
En todo caso, Astorqui afirmó que en ningún caso 'está en peligro el pago de las nóminas'. Los 2.100 trabajadores de la clínica de la Concepción deben cobrar en los próximos días el salario del mes de diciembre, la paga extraordinaria de diciembre y otra paga de productividad, según establece el convenio laboral que iguala a los trabajadores de la Concepción con los del Insalud.
Dimisión de patronos
La reunión del patronato celebrada ayer es la primera a la que no asisten representantes del Ministerio de Sanidad. Éstos dimitieron el pasado 11 de diciembre cuando el patronato acordó demandar judicialmente al Insalud.
La clínica reclama al Insalud 10.000 millones. Según la fundación, esta cantidad es la que el Insalud ha dejado de pagarle en los últimos años por la atención a los pacientes del sistema sanitario público, algo que el Insalud siempre ha negado. Según argumenta la clínica, el Insalud pagaba por debajo de coste muchos de los servicios médicos concertados entre el Ministerio de Sanidad y la Concepción. Este concierto, firmado en 1999, incluía que la fundación destinaría 500 de sus 600 camas a atender a pacientes del Insalud y regulaba el precio que la Concepción cobraría por cada atención médica.
La clínica afirma que estos precios no fueron nunca actualizados, 'como se habían comprometido los responsables del Insalud'. El Insalud, por su parte, señala que el concierto es el mismo que el de otros centros privados semejantes.
Problemas desde 1991
La crisis de la Fundación Jiménez Díaz viene de lejos. En 1991, un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y el patronato de la fundación permitió 'congelar' la deuda que ya entonces la Jiménez Díaz arrastraba con la Seguridad Social. La cuantía ascendía a 7.000 millones de pesetas. Aún hoy, la clínica privada adeuda este dinero, que sigue 'congelado', aunque los verdaderos problemas le han sobrevenido ahora por sus impagos a los proveedores: más de 6.000 millones de pesetas. La clínica de la Concepción, propiedad de la Fundación Jiménez Díaz, paga mensualmente 633 millones de pesetas en salarios y 188 millones en cuotas a la Seguridad Social. Aunque es una clínica privada, las relaciones con el Insalud son estrechas: la Concepción destina casi el 80% de sus 600 camas a atender pacientes que le remite el Insalud, que a cambio paga por ello una subvención anual, que asciende a 11.000 millones, aproximadamente, dependiendo de los servicios. El resto de las camas son utilizadas por pacientes privados. A juicio de la Fundación Jiménez Díaz, la aportación anual del Insalud no ha sufragado todos los servicios que la clínica de la Concepción ha venido desempeñando para el Estado. La fundación reclama al Insalud más de 2.000 millones de pesetas por gastos de formación de médicos residentes (que aprenden y ejercen su actividad en la clínica), 730 millones por la asistencia médica dispensada a indocumentados e indigentes, otros 2.000 millones más por las amortizaciones de distintos equipos técnicos, y más de 2.000 millones por otra clase de servicios que el Insalud se niega a abonar a la fundación: urgencias, pacientes con estancias de más de 24 horas... En total, 6.730 millones de pesetas, una suma que acabaría completamente con la deuda que la clínica mantiene con los proveedores. Desde el otro lado, el Insalud niega que deba esta cantidad. La asunción de competencias médicas por parte de la Comunidad de Madrid abre otra dimensión al problema. ¿Asumirá el Gobierno regional, que se hará cargo, a partir de 2002, de los servicios médicos de Madrid, la deuda de la Fundación Jiménez Díaz? El presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, señaló que la deuda de la Fundación Jiménez Díaz, 'o es del Estado o será un problema de la fundación'. Y luego añadió: 'Tiene que haber un criterio muy claro. Nosotros, como en todo, estamos dispuestos a resolver el problema del futuro, pero no podemos heredar las deudas del pasado'. El miércoles firmaron las transferencias sanitarias. La deuda con la Seguridad Social queda pendiente de una decisión judicial.