La gasolina de la discordia

Viejos y conocidos fantasmas vuelven a arrastrar sus cadenas por el edificio de Convergència i Unió. Cobran vida, de nuevo, las pugnas entre soberanistas y moderados. Los espíritus nunca han estado inactivos del todo, pero el pacto con el Partido Popular, lejos de conjurarlos, les ha dado vida y, sobre todo, los ha desconcertado.

El impuesto sobre las gasolinas ha sido el último episodio de esta historia que se inició la fría tarde del pasado 22 de noviembre, cuando el consejero de Economía, Francesc Homs, votó a favor del nuevo impuesto de hidrocarburos en la reunión del Consejo de Pol...

Viejos y conocidos fantasmas vuelven a arrastrar sus cadenas por el edificio de Convergència i Unió. Cobran vida, de nuevo, las pugnas entre soberanistas y moderados. Los espíritus nunca han estado inactivos del todo, pero el pacto con el Partido Popular, lejos de conjurarlos, les ha dado vida y, sobre todo, los ha desconcertado.

El impuesto sobre las gasolinas ha sido el último episodio de esta historia que se inició la fría tarde del pasado 22 de noviembre, cuando el consejero de Economía, Francesc Homs, votó a favor del nuevo impuesto de hidrocarburos en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Homs había sugerido días antes que las comunidades autónomas tuvieran capacidad normativa sobre ese impuesto. Con ello pretendía aumentar los fondos destinados a la sanidad catalana. El impuesto nacía como un invento catalán. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dio la vuelta a la propuesta y vinculó la cesión de capacidad normativa a las comunidades autónomas -que pueden incrementar 1,6 pesetas el precio por litro del carburante- a la aprobación del aumento de cuatro pesetas -cinco, con el IVA- propuesto por el Gobierno central, tramo que no supone ingresos suplementarios para las autonomías. Los socialistas votaron en contra, pero el PP contó con el apoyo de Coalición Canaria y Convergència i Unió. La medida fue aprobada.

El consejero Francesc Homs votó en el Consejo de Política Fiscal siguiendo las instrucciones de Pujol y de Mas

Algunos dirigentes de la coalición, como Xavier Trias, han solicitado instrucciones claras a la cúpula de CiU

Por supuesto que Homs fue a Madrid con la lección aprendida. Debía votar a favor del impuesto, siguiendo orientaciones del presidente de la Generalitat y de su conseller en cap, Artur Mas. Pero el aumento inesperado de cuatro pesetas propuesto por el Gobierno central cogió a contrapié al Ejecutivo catalán. El voto de CiU, con todo, fue favorable: los presupuestos de la Generalitat para 2002 están en el alero y dependen del apoyo del PP. La impopularidad creciente del impuesto aconsejaba, no obstante, desmarcarse del impuesto sobre la gasolina.

Con este escenario, Homs tuvo que dar explicaciones del voto el pasado lunes, en el comité de enlace de Convergència i Unió, ante incisivos compañeros de partido soberanistas que siempre le han acusado de poner excesivo entusiasmo a la hora de votar las propuestas del PP. Homs se presentaba como el chivo expiatorio ideal. Moderados y soberanistas volvieron a ocupar su correspondiente platillo en la balanza que sostiene Jordi Pujol,quien la hace inclinar a placer, según su olfato tacticista. Así, una decisión adoptada por Pujol y bendecida por Mas hizo planear la sombra de la sospecha colaboracionista sobre Homs, que se alinea con el sector moderado de CDC.

Tras la reunión del comité de enlace, el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, fue el encargado de escenificar la rectificación y explicar ante los periodistas que el culpable del aumento de la gasolina era el Gobierno central, y no el catalán, que 'hoy por hoy no tiene intención de aplicar el incremento', matizó. El propio Pujol marcó distancias con el Gobierno central el pasado viernes y aseguró: 'Lo que nosotros hemos negociado es que se ponga más dinero para sufragar el déficit de la sanidad, no de dónde lo va a sacar el Gobierno'.

En privado dirigentes de Convergència aseguraban que el PP les exigió que apoyasen su propuesta a cambio del respaldo político del PP en el Parlament. Javier Arenas, secretario general del Partido Popular, afirmaba el miércoles, tras la reunión de la ejecutiva nacional de su partido: 'La actitud de CiU es inadmisible y va en contra del acuerdo específico, claro y rotundo al que llegó con el Gobierno'.

El discutido voto del Ejecutivo catalán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y su posterior rectificación tiene muchas lecturas: ¿desconcierto, miedo al castigo del electorado, maniobra calculada? Todas las hipótesis están sobre la mesa en un fin de año político sorprendente en el que, como siempre, Pujol tiene la última palabra.

'El problema radica en que desde el inicio de legislatura hemos optado por el acuerdo con el PP', subraya un dirigente de la coalición nacionalista, que recuerda que el voto sobre el incremento de los hidrocarburos no es el único ejemplo del suspense que vive CiU: mantener el interrogante hasta el último momento.El apoyo de la coalición nacionalista a la Ley de Universidades -contra el criterio de la práctica totalidad de la comunidad educativa- fue una decisión tomada por Pujol el 30 de octubre, dos días antes de que se votara en el Congreso el rechazo a las enmiendas a la totalidad.

Y eso, excepto Pujol, genera desconcierto. La desorientación que se vive en las filas de CiU ha tenido otro ejemplo reciente en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Si a mediados de octubre el grupo parlamentario tenía claro que debía apoyar la ley, Pujol decidió luego el voto en contra. Todos han tratado de buscar explicaciones. Nadie culpa a Pujol. Pero algunos dirigentes, como Xavier Trias, portavoz de CiU en el Congreso, han llegado a pedir instrucciones claras a la cúpula nacionalista.