PP y PSOE tensan sus relaciones por el reparto político en las cajas

El Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) están de acuerdo en que las cajas de ahorros limiten la representación política en sus órganos de gobierno al 50% para evitar que sean consideradas empresas públicas por Bruselas. Sin embargo, los socialistas creen que el PP debe imponer que en todas las cajas la representación política de los parlamentos autonómicos sea proporcional, algo que no ha sucedido en Valencia, en donde la Generalitat ha impuesto todos los representantes del PP.

La Ley Financiera ha sido enviada al Consejo de Estado, por lo que todavía tiene...

El Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) están de acuerdo en que las cajas de ahorros limiten la representación política en sus órganos de gobierno al 50% para evitar que sean consideradas empresas públicas por Bruselas. Sin embargo, los socialistas creen que el PP debe imponer que en todas las cajas la representación política de los parlamentos autonómicos sea proporcional, algo que no ha sucedido en Valencia, en donde la Generalitat ha impuesto todos los representantes del PP.

La Ley Financiera ha sido enviada al Consejo de Estado, por lo que todavía tiene que pasar por la Comisión de Subsecretarios, el Consejo de Ministros y llegar al Parlamento. Con este calendario, no se podrán introducir enmiendas políticas hasta febrero.

El borrador actual de la ley no contiene nada sobre las cajas de ahorro. El PP y el PSOE han iniciado sus primeros contactos y ambos creen que el consenso sobre las modificaciones que necesitan las cajas para modernizarse y garantizar su futuro en el mercado financiero es amplio.

Sobre la mesa se encuentran temas tan importantes como las condiciones que puedan tener las cuotas participativas -un producto similar a las acciones- que emitan las cajas; la representación política máxima de los consejos de administración; la posibilidad de que no se cese en su cargo a los consejeros nombrados hasta que no finalice su mandato, a pesar de que existan cambios políticos en la comunidad autónoma; que se excluya a los políticos de los comités ejecutivos de las cajas y, por último, abrir la posibilidad de que las entidades de diferentes regiones inicien colaboraciones financieras.

Sin embargo, ya ha aparecido el primer escollo, protagonizado por Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat de Valencia. En la totalidad de comunidades autónomas la representación política de los parlamentos autónomos es proporcional a los partidos que están representados. Sin embargo, la Generalitat ha presentado hace unos días la lista de sus representantes en Bancaja y ha impuesto que los 28 sean del PP. La decisión permitirá, cuando concluya el periodo de elección, que el PP tenga el control absoluto en Bancaja, aun a costa de romper el consenso institucional. Con esta situación, Zaplana allana el camino hacia una futura fusión controlada con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

La elección por parte del PP de los 28 representantes de la Generalitat en Bancaja ha sido posible por la Ley de Cajas de Ahorros Valencianas -aprobada por los populares- y la aplicación de su rodillo parlamentario. La ley valenciana, a diferencia del resto de comunidades autónomas, no tiene en cuenta el criterio de proporcionalidad y permite al partido gobernante lograr el 100% de los representantes elegidos por el Parlamento valenciano.

La decisión del Partido Popular rompe el consenso institucional, que en 1999 permitió a socialistas y Esquerra Unida obtener representación. Por primera vez, destacados agentes sociales afines a Zaplana, como el presidente de la patronal autonómica, Rafael Ferrando; el vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar; el director general de la Bolsa, Manuel Escámez, o el vicepresidente primero de Bancaixa, Antonio Tirado -que fue elegido de consenso en la anterior elección-, se integran en una lista de partido.