El PSOE se compromete a recurrir ante el Constitucional el impuesto sobre carburantes

El rechazo generado por la inminente subida de los impuestos que gravan los combustibles amenaza con llegar a los tribunales. El PSOE anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el nuevo impuesto sobre carburantes que el Gobierno aplicará desde enero. Previamente, la Plataforma Nacional de Consumidores Profesionales de Carburantes había informado que promoverían ese recurso. El PSOE critica la ausencia de un debate sobre la medida en el Congreso, mientras los consumidores le acusan de romper el compromiso, adquirido en 2000, de no subir los impuestos.

Para el portavo...

El rechazo generado por la inminente subida de los impuestos que gravan los combustibles amenaza con llegar a los tribunales. El PSOE anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el nuevo impuesto sobre carburantes que el Gobierno aplicará desde enero. Previamente, la Plataforma Nacional de Consumidores Profesionales de Carburantes había informado que promoverían ese recurso. El PSOE critica la ausencia de un debate sobre la medida en el Congreso, mientras los consumidores le acusan de romper el compromiso, adquirido en 2000, de no subir los impuestos.

Para el portavoz de Economía del PSOE, Jordi Sevilla, el Ejecutivo ha cometido un 'atropello' y un 'fraude de ley' con este nuevo impuesto al intentar que se apruebe mediante una enmienda a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2002 en el Senado, sin posibilidad de debate ni de correcciones en el Congreso. La tasa adicional será de al menos 0,024 euros (cuatro pesetas) para las gasolinas y gasóleos de automoción y de 0,006 euros (una peseta) para el gasóleo agrícola y de calefacción.

Sevilla interpeló al Gobierno sobre las medidas de política económica ante la desaceleración y las últimas subidas de impuestos y protagonizó un áspero debate con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El recurso anunciado por Sevilla provocó la incredulidad del ministro. '¿Cuántas veces ha subido a la tribuna a anunciar recursos de inconstitucionalidad que no ha presentado?', le preguntó. La decisión de los socialistas no es para Montoro otra cosa que 'la muestra de una incapacidad de liderazgo'.

Respecto del fondo del asunto, Montoro negó que el Senado no pueda aprobar impuestos 'como cámara legislativa que es'. El Gobierno justifica esos nuevos impuestos por el sistema de financiación autonómica y el traspaso de la sanidad y ahí Sevilla y Montoro se volvieron a enzarzar. Sevilla le recordó que los impuestos en España no pueden ser finalistas y le preguntó si 'tan mal han dejado la sanidad, tan desastrosa ha sido su gestión, que necesitan un nuevo impuesto para financiarla'.

El rechazo por la subida de los precios de los carburantes a través de los impuestos se extiende a los sectores que más gasolina y gasóleo gastan. El compromiso del PSOE puede llevar a efecto la intención de la Plataforma Nacional de Consumidores Profesionales de Carburantes, que tuvieron en jaque al Gobierno hace un año por la subida del gasóleo, de plantear el recurso de inconstitucionalidad. Los consumidores (reúne a transportistas, taxistas y agricultores, entre otros colectivos) acordaron promover el recurso por considerar que al ser un impuesto nuevo necesita una ley para aprobarlo.

Acción concertada

Los consumidores de carburantes cifran el impacto de la propuesta de subida en un incremento de gastos de entre 90.000 y 125.000 millones de pesetas. Según manifestaciones de Fernando Moraleda, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y uno de los miembros de esta plataforma, con carácter inmediato se van a establecer contactos tanto con comunidades autónomas como con los diferentes grupos parlamentarios y con el Defensor del Pueblo para que secunden su iniciativa y la lleven al Constitucional.

Para Moraleda, la medida constituye un error, porque intuye que los ingresos no irán a pagar los gastos sanitarios. A su juicio, se trata de un nuevo impuesto regresivo que va contra las capas sociales con menos ingresos y que perjudica en especial al medio rural, que tendrá que afrontar un coste superior a los 40.000 millones de pesetas.

Para las organizaciones integradas en la Plataforma, esta propuesta supone una clara traición a los sectores profesionales que hace un año suscribieron un acuerdo con la Administración en materia de hidrocarburos. En aquella fecha, el Gobierno se comprometió a mantener la fiscalidad en los carburantes. La Plataforma exige la retirada inmediata del proyecto de ley.

El diputado de Iniciativa per Caralunya Joan Saura afirmó ayer que el Gobierno sufre una 'fiebre de impuestos' al darse cuenta de la imposibilidad de mantener el déficit cero. La decisión del Ejecutivo coincide con una bajada generalizada del precio de los carburantes en las últimas semanas. La gasolina sin plomo bajó el mes pasado 3,29 céntimos de euros por litro, mientras la súper descendió 3,41 céntimos y el gasóleo de automoción, 1,51 céntimos, según datos de Economía difundidos ayer.