La oposición reclama al Gobierno que aclare el caos del concurso de traslados
La oposición ha solicitado al Gobierno autónomo que explique cómo va a resolver la situación de 'caos administrativo' que se ha creado tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia vasco que declara ilegal la comisión que evaluó los méritos de los funcionarios que participaron en el concurso de traslados organizado en 1998.
Alrededor de 4.000 funcionarios participaron en ese concurso para optar a uno de los 1.500 puestos que se ofertaban. Según el Gobierno, cerca de 1.000 funcionarios lograron una plaza. Al ser nombrados por una comisión ilegal, estos trabajadores ven ahora cómo s...
La oposición ha solicitado al Gobierno autónomo que explique cómo va a resolver la situación de 'caos administrativo' que se ha creado tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia vasco que declara ilegal la comisión que evaluó los méritos de los funcionarios que participaron en el concurso de traslados organizado en 1998.
Alrededor de 4.000 funcionarios participaron en ese concurso para optar a uno de los 1.500 puestos que se ofertaban. Según el Gobierno, cerca de 1.000 funcionarios lograron una plaza. Al ser nombrados por una comisión ilegal, estos trabajadores ven ahora cómo sus destinos dentro del Ejecutivo pueden variar otra vez, con el perjuicio que eso les puede ocasionar. Una nueva comisión será la encargada de evaluar los méritos.
De momento, se ha retrasado la resolución del concurso de traslados de 2000 y se ha ralentizado la Oferta Pública de Empleo (OPE), algunos de cuyos exámenes se celebraron el año pasado, dado que no se conocen las vacantes que se pueden ofertar.
En una interpelación parlamentaria, el socialista Víctor García asegura que el Gobierno vasco tendrá que responder políticamente de la 'monumental chapuza cometida en su día al saltarse determinados criterios de legalidad establecidos para convocar el concurso de traslados de 1998 y la OPE del pasado año'.
García precisa que las consecuencias del nombramiento ilegal del tribunal ha repercutido 'seriamente' en la estabilidad laboral y en el futuro profesional de alrededor de 1.500 funcionarios (el Gobierno rebaja esta cifra hasta unos 1.000) y en la Oferta Pública de Empleo.
'Los errores cometidos en el pasado por el Gobierno', añade el PSE, 'nos están pasando factura en el presente y en un sector de importancia estratégica como es la Administración pública'.
El Partido Popular también ha mostrado su intención de interpelar al Gobierno sobre esta cuestión para conocer cómo piensa el Departamento de Hacienda y Administración Pública resolver el problema sin hipotecar su acción en el futuro.
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