Trabajo pagará a 11 de los 50 operarios del calzado de Elda investigados por estafa
Congeló las indemnizaciones por irregularidades detectadas en otro centenar de expedientes
El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), dependiente del Ministerio de Trabajo, ha desbloqueado el pago de las indemnizaciones por despido a 11 de los 50 operarios del calzado de Elda, implicados en una supuesta estafa al no estar suficientemente acreditada su relación laboral con la empresa demandada. La suspensión cautelar de los pagos la adoptó el ministerio el pasado mes de agosto, a raíz de una investigación abierta sobre un centenar de expedientes por la misma causa, pero de fábricas distintas, aunque en ambos casos tramitados por la mismo asesor laboral.
El asesor laboral investig...
El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), dependiente del Ministerio de Trabajo, ha desbloqueado el pago de las indemnizaciones por despido a 11 de los 50 operarios del calzado de Elda, implicados en una supuesta estafa al no estar suficientemente acreditada su relación laboral con la empresa demandada. La suspensión cautelar de los pagos la adoptó el ministerio el pasado mes de agosto, a raíz de una investigación abierta sobre un centenar de expedientes por la misma causa, pero de fábricas distintas, aunque en ambos casos tramitados por la mismo asesor laboral.
El asesor laboral investigado, Juan Francisco Alfaro, y un grupo de los trabajadores cuyas indemnizaciones habían sido congeladas cautelarmente, se reunieron en la mañana de ayer con Manuel Brotons, jefe de la Unidad Periférica del Fogasa en Alicante, para exigir el cobro de las prestaciones, ya que, a su juicio, en las demandas laborales quedó acreditada su relación laboral con la empresa.
Los trabajadores, todos pertenecientes a la fábrica Pandora Shoes, que cesó su actividad en febrero de 2000, exigieron al responsable del Fogasa en Alicante que levantará la suspensión del cobro de las indemnizaciones porque, según ellos, no habían incurrido en ninguna ilegalidad y la Administración estaba cometiendo un agravio comparativo en relación a otros operarios de la fábrica, cuyos expedientes fueron tramitados por los sindicatos UGT y CC OO, que sí han percibido las cantidades reclamadas. 'Nuestra relación laboral con la empresa estaba perfectamente demostrada al estar dados de alta en la Seguridad Social y, además, también está comprobado que la empresa pagó las respectivas cuotas', dijo Hilario Moreno, uno de los operarios afectados, que contaba con una antigüedad de 12 años en la industria. 'Por tanto, estamos ante una situación totalmente injusta que está acarreando graves problemas a las familias que ya han hecho una serie de gastos en previsión del cobro de esas indemnizaciones', añadió el trabajador.
Tras la reunión, el responsable provincial del Fogasa comunicó al grupo de operarios la decisión del Ministerio de levantar la suspensión cautelar de los pagos. 'En este caso no hay dudas sobre la relación laboral entre los demandantes y la industria', señaló. Respecto al resto de operarios (39 trabajadores) afectados dijo 'que se estudirá caso por caso'.
Brotons descartó cualquier presión externa en la decisión de congelar los pagos a estos operarios, y aseguró que el acuerdo se adoptó tras iniciar una investigación sobre supuestas irregularidades en otro centenar de expedientes para el cobro de prestaciones por despido, en la actualizadad en vías de ejecución, igualmente tramitados desde la asesoría laboral de Juan Francisco Alfaro. La investigación comenzó el pasado mes de junio al detectar el ministerio diversas sentencias contrarias a los trabajadores por no poder acreditar su rleación laboral con las fábricas demandas. Brotons señaló que una vez que los inspectores aporte los informes de la investigación y en función de las pruebas recabadas, el ministerio optará por la archivar el caso o, por contra, acudir a la vía penal contra los trabajadores y el asesor laboral por un presunto delito de estafa.
Mientras, Juan Francisco Alfaro señaló que el hecho de que ayer el Fogasa acordará el pago a parte de los trabajadores investigados 'demuestra la arbitrariedad de la medida'. Alfaro, que durante 15 años ocupó el cargó de secretario general de la Federación de Industria de UGT en El Baix Vinalopó, también se mostró confíado en que la investigación abierta al otro centenar de operarios no prosperará. 'No hay ninguna irregularidad y tampoco hay ninguna sentencia contraria por inexistencia de relación laboral'.
Por otra parte, Juan de Dios Brotons, delegado de CC OO en Elda, exigó ayer la ampliación de la plantilla de inspectores de Trabajo en Alicante para combatir la práctica de la economía sumergida, 'especialmente extendida en el sector del calzado'.