Alcaldes de 12 ciudades europeas suscriben un manifiesto contra la privatización del metro
La Comisión Europea excluirá el tren urbano de la normativa liberalizadora
Alcaldes de 12 ciudades europeas, entre ellas Barcelona, han remitido a la Comisión Europea un manifiesto en el que rechazan la privatización de la infraestructura del metro. Aceptan que pueda ser efectiva en los ferrocarriles regionales o de largo recorrido, pero no en la red de metro, que tiene que funcionar como un todo. La Comisión les ha hecho saber que toma en consideración su propuesta y excluirá el metro del proceso privatizador.
Los alcaldes que suscriben el documento son los de Atenas, Barcelona, París, Londres, Lisboa, Berlín, Roma, Bruselas, Múnich, Núremberg, Luxemburgo y...
Alcaldes de 12 ciudades europeas, entre ellas Barcelona, han remitido a la Comisión Europea un manifiesto en el que rechazan la privatización de la infraestructura del metro. Aceptan que pueda ser efectiva en los ferrocarriles regionales o de largo recorrido, pero no en la red de metro, que tiene que funcionar como un todo. La Comisión les ha hecho saber que toma en consideración su propuesta y excluirá el metro del proceso privatizador.
Los alcaldes que suscriben el documento son los de Atenas, Barcelona, París, Londres, Lisboa, Berlín, Roma, Bruselas, Múnich, Núremberg, Luxemburgo y Viena. Además, las empresas de transporte público de estas mismas ciudades (salvo las de Múnich, Núremberg y Luxemburgo) han redactado un informe en el mismo sentido, que recoge parte de las alegaciones contra la privatización hechas por los operadores Transport for London (Londres) y RATP (París).
Todas las conclusiones son similares: la ruptura de la unidad del transporte urbano por raíles (el metro) entraña graves riesgos en materia de seguridad y calidad del servicio. Además, añade, en la medida en que tienden a privatizar algunas operaciones, tendrán como consecuencia 'la privatización de los beneficios mientras la sociedad carga con las pérdidas'.
Uno de los redactores del documento argumentaba hace unos días que es evidente que una empresa privada (si se respeta el principio de salarios iguales para los trabajadores) tendrá los mismo costes, pero el empresario privado tendrá que obtener también beneficios, lo que acabará repercutiendo en la subvención, en la medida en que el servicio tiene un precio político.
La organización del transporte de metro en función exclusiva del beneficio inmediato hará que se sitúe de espaldas al ciudadano y tenga como consecuencia reducir el atractivo del transporte público e incrementar el uso del coche privado.
Todos los documentos citados insisten en que el principio de subsidiariedad recomienda que las decisiones sobre el metro dependan de la Administración local.
El texto redactado por las empresas de París y Londres afirma: 'Los sistemas [del metro] presentan ciertas características que hacen imposible en la práctica su división en unidades de menor tamaño (línea a línea, por ejemplo)'. Y añade: 'Se trata de una red con numerosos cruces de líneas, contrariamente al modelo radial, con frecuencias mucho menores, característico de los servicios ferroviarios para largas distancias'.
La ruptura de la unidad del metro es lo que persigue un proyecto de ley presentado en el Parlament por el Gobierno catalán. El presidente Jordi Pujol y el consejero de Política Territorial, Pere Macias, han asegurado que no tienen la intención de privatizar el metro, ni siquiera la futura línea 9. No obstante, el texto incluye esta posibilidad y reduce las competencias de la Entidad Metropolitana del Transporte.