¿Cooperación o bronca?

A comienzos de mes, el ministro de Administraciones Públicas dirigió a los presidentes autonómicos una carta exploratoria con vistas a una futura ley destinada a mejorar la cooperación entre las comunidades y de éstas con el Estado. Estos días, el partido del Gobierno ha creado un artificioso conflicto al intentar vetar una iniciativa de cooperación entre Andalucía y Extremadura en materia de televisión regional. Se trata de un acuerdo por el que se podrá ver en Extremadura el canal andaluz, con informativos regionales propios en las horas de desconexión. Esos informativos serán producidos por...

A comienzos de mes, el ministro de Administraciones Públicas dirigió a los presidentes autonómicos una carta exploratoria con vistas a una futura ley destinada a mejorar la cooperación entre las comunidades y de éstas con el Estado. Estos días, el partido del Gobierno ha creado un artificioso conflicto al intentar vetar una iniciativa de cooperación entre Andalucía y Extremadura en materia de televisión regional. Se trata de un acuerdo por el que se podrá ver en Extremadura el canal andaluz, con informativos regionales propios en las horas de desconexión. Esos informativos serán producidos por una empresa privada. El PP ha iniciado el camino hacia la desautorización del acuerdo por el Senado y el Ministerio de Ciencia y Tecnología anuncia que recurrirá la adjudicación a esa empresa.

Convenios similares se han firmado entre el País Vasco y Navarra, entre Madrid y las dos Castillas y entre Cataluña y Baleares, sin que el PP se haya opuesto. En general, tales iniciativas se consideran en línea con el criterio de evitar un gasto excesivo con la creación de tantas televisiones como autonomías. Y parece lógico que, si el objetivo es no cargar los presupuestos con la creación de unos entes que hay que financiar, se prefiera contratar esos informativos con una compañía privada. A no ser que el problema radique en que la empresa adjudicataria, participada por PRISA, no es del agrado del Gobierno.

Si el PP, partidario intermitente de privatizar algunas cadenas públicas, está en desacuerdo con esos criterios, tendrá que argumentarlo. La Constitución distingue entre los convenios entre comunidades para compartir la gestión de servicios y otras modalidades no previstas en los estatutos respectivos, que requerirán la autorización de las Cortes. La cautela de la autorización del Parlamento está pensada para evitar acuerdos que supongan una forma encubierta de federación: utilizar ese supuesto en el caso presente es matar moscas a cañonazos. Como lo habría sido la querella contra la presidenta del Senado que anunció, y luego retiró, el presidente de Extremadura. Pero supone además utilizar su mayoría en el Senado para interferir decisiones que corresponden a comunidades en las que no gobierna. Un mal precedente para alentar la cooperación que pretende el ministro Posadas.