Una imposición y tres mentiras
El contencioso entre la Generalitat, Llagostera y Fecsa ha estado salpicado de medias verdades interesadas
El presidente de Fecsa-Endesa, Joan Rosell, se mostraba dispuesto a principios de este mes a firmar un convenio con el Ayuntamiento de Llagostera (Gironès) en el que la compañía eléctrica se comprometía a construir un tendido alternativo siempre que la actual línea pudiera terminarse y conectarse mientras se realizaba el otro proyecto. La compañía llegó incluso a depositar el aval bancario de 175 millones que garantizaba la futura construcción.
A pesar de que el convenio no fue aceptado por el consistorio de Llagostera, temeroso de que la línea pudiera convertirse en definitiva, no deja...
El presidente de Fecsa-Endesa, Joan Rosell, se mostraba dispuesto a principios de este mes a firmar un convenio con el Ayuntamiento de Llagostera (Gironès) en el que la compañía eléctrica se comprometía a construir un tendido alternativo siempre que la actual línea pudiera terminarse y conectarse mientras se realizaba el otro proyecto. La compañía llegó incluso a depositar el aval bancario de 175 millones que garantizaba la futura construcción.
A pesar de que el convenio no fue aceptado por el consistorio de Llagostera, temeroso de que la línea pudiera convertirse en definitiva, no deja de sorprender que cuando el Gobierno de la Generalitat decide imponer la línea, no lo haga basándose en el texto que casi consiguió el acuerdo, redactado bajo la mediación del director General de Energía, Albert Mitjà.
El trazado impuesto ahorra millones a la compañía eléctrica
La decisión de imponer el trazado tiene poco de ecuánime y mucho de castigo. Además, ahorra millones a la compañía. Rosell aseguraba ayer mismo que la línea en conflicto sería la definitiva y cerraba cualquier posibilidad de un trazado alternativo.
El decreto de la Generalitat ha ido acompañado de una campaña de falsedades y verdades a medias. La primera falsedad es que la Generalitat lleva años negociando la línea. Lo cierto es que el consejero de Industria, Antoni Subirà, se negó a recibir a la primera delegación de los antilínea, que acudieron a su despacho acompañados del anterior alcalde. Además, las demandas de una mediación decisiva de la Generalitat en el conflicto sólo fueron atendidas al final, cuando Albert Mitjà se implicó a fondo. Es rotundamente falso, como han afirmado recientemente algunos dirigentes de la Generalitat, que la imposición se deba al intento de evitar los cortes de luz que han afectado a la Costa Brava este verano. La mayoría de los cortes de luz, numerosos y criticados, han afectado otras zonas de Cataluña como la provincia de Tarragona. La compañía admitió que los que sufrió el centro de la Costa Brava no eran atribuibles a las carencias energéticas derivadas de la falta de la línea.
La última mentira, fomentada por la interpretación errónea de la prensa y también muy repetida después de la imposición de la línea, es que el alcalde, el independiente Lluís Postigo, firmó un convenio que después fue rechazado por su consistorio. La afirmación es falsa. Postigo firmó únicamente un documento que llevaba adjunto el esbozo de convenio -sin firma alguna-, en el que se hacía constar que la decisión quedaba sometida a un pleno extraordinario.