Bases españolas
Estados Unidos ha iniciado ya el despliegue militar de la llamada Operación Justicia Infinita. Como ya ocurrió en la crisis del Golfo, las bases de utilización conjunta de Rota y Morón desempeñarán un papel importante en el transporte y aprovisionamiento de las tropas norteamericanas. El Gobierno de Aznar ha dado un apoyo 'sin limitaciones' al aliado norteamericano. Es una decisión congruente con el acuerdo adoptado por el Consejo Atlántico en las horas siguientes al ataque terrorista contra Estados Unidos. De momento no implica aún que España vaya a participar directamente en las operaciones ...
Estados Unidos ha iniciado ya el despliegue militar de la llamada Operación Justicia Infinita. Como ya ocurrió en la crisis del Golfo, las bases de utilización conjunta de Rota y Morón desempeñarán un papel importante en el transporte y aprovisionamiento de las tropas norteamericanas. El Gobierno de Aznar ha dado un apoyo 'sin limitaciones' al aliado norteamericano. Es una decisión congruente con el acuerdo adoptado por el Consejo Atlántico en las horas siguientes al ataque terrorista contra Estados Unidos. De momento no implica aún que España vaya a participar directamente en las operaciones militares, pero supone un riesgo que debe ser asumido.
Tras años de padecer los embates de ETA y de otros grupos terroristas, España tiene algo más que una especial sensibilidad ante esa lacra. Durante años ha buscado la mayor colaboración internacional para combatirlo. Y, en este caso, los servicios secretos españoles -con un Cesid dirigido ahora por Jorge Dezcallar, un diplomático experto en el mundo árabe y musulmán- deben tener un especial conocimiento de las redes de terrorismo islámico que se puedan haber tejido en España. En esta guerra del espionaje, España tiene mucho que aportar y también bastante que ganar en su propio combate.
Esta posición solidaria cuenta con un amplio apoyo de los ciudadanos, aunque no haya tenido reflejo numérico en la manifestación de ayer en Madrid, y de los partidos políticos. Sólo Izquierda Unida ha marcado unas diferencias que no justifican la diatriba con la que Aznar replicó el martes a Llamazares. Pero esto no significa que el Gobierno tenga carta blanca para asumir cualquier compromiso de mayor calado militar sin pasar por el Parlamento. Resulta llamativo que, ante una crisis de alcance mundial, el presidente del Gobierno haya limitado sus comparecencias públicas a una sesión ordinaria de preguntas en el Congreso, un par de apariciones desde Lituania y Estambul y una entrevista a un canal privado de televisión.
La crisis llega a España en un momento especialmente difícil. El deterioro de las relaciones con Marruecos resta a nuestro país capacidad de interlocución con el mundo árabe y viene a alimentar una xenofobia contra la inmigración musulmana que hay que combatir con todos los medios posibles. Madrid y Rabat deben hacer esfuerzos suplementarios para superar sus rencillas bilaterales y cooperar en lo que es una movilización general contra el terrorismo.
La próxima presidencia española del Consejo de la UE se verá sin duda condicionada por la crisis generada por los atentados, lo que requerirá pericia diplomática. Será una buena ocasión para dar nuevo impulso al proceso de cooperación euromediterránea que se lanzó en Barcelona en 1995 y ha decaído luego.
Será también la oportunidad para concentrar los esfuerzos en algo que España viene persiguiendo al menos desde 1995: crear un espacio de seguridad comunitario, al tiempo que en la UE desaparecen las fronteras internas. En su reunión extraordinaria de ayer en Bruselas, los ministros de Justicia e Interior acordaron una batería de medidas para la lucha contra el terrorismo, como proponer un acuerdo entre Europol y las agencias de espionaje y policía de Estados Unidos, o crear una red de intercambio sobre visados, o para luchar contra la opacidad de los paraísos fiscales. Los Quince se han comprometido a intentar alcanzar en diciembre un acuerdo político sobre la orden europea de busca y captura. Pero hay reticencias. Sólo seis de los Quince tienen en su ordenamiento legislativo el concepto de 'terrorismo', y no será fácil aceptar la propuesta del comisario Vitorino de una definición común. Demasiado lento. A la presidencia española le corresponderá apretar el acelerador.