La futura Ley de Universidades pone límites al desarrollo del plan autonómico de financiación

Las Cortes aprobaron el viernes pasado una resolución impulsada por el PP y respaldada por el PSPV, en la que se 'insta al Consell a que continúe con su compromiso de aplicación del sistema de financiación de las universidades valencianas', ya que 'el modelo valenciano se ha demostrado el mejor del territorio español'. La resolución se produce sólo dos semanas después de que el director de Universidades, Salvador Forner, propusiera cambios al modelo -diseñado y firmado por el Gobierno valenciano y las cinco universidades públicas en junio de 1999- que eliminan de golpe 17 indicadores de calida...

Las Cortes aprobaron el viernes pasado una resolución impulsada por el PP y respaldada por el PSPV, en la que se 'insta al Consell a que continúe con su compromiso de aplicación del sistema de financiación de las universidades valencianas', ya que 'el modelo valenciano se ha demostrado el mejor del territorio español'. La resolución se produce sólo dos semanas después de que el director de Universidades, Salvador Forner, propusiera cambios al modelo -diseñado y firmado por el Gobierno valenciano y las cinco universidades públicas en junio de 1999- que eliminan de golpe 17 indicadores de calidad y condiciona una parte de la financiación a la 'movilidad docente'. Las universidades estiman que este cambio puede alterar el objetivo para que fue creado el modelo, concebido como un 'instrumento de planificación' del Consell para dotar de 'estabilidad' a las Universidades. El PSPV respaldó la propuesta tras recordar que, en origen, el primer modelo de financiación autonómico surgió de su último gobierno.

La trascendencia de esta concisa, pero simbólica resolución, reside en la rapidez con la que se ha impulsado, ante el conato de conflicto que se ha generó con el rechazo unánime de los cinco equipos económicos y los gerentes de las universidades valencianas a una propuesta de la Dirección General que surge más vinculada a los tiempos de la futura Ley Orgánica de Universidades (LOU) y a la estrategia del Ministerio de Educación por anticipar la 'renovación' de los cuadros medios universitarios para sustituirla por contratos de jóvenes doctores formados en universidades externas o ajenas a la suya de origen, puesta en marcha en la convocatoria de becas lanzada el 1 de septiembre.

Con ley o sin ella. El Gobierno central ha decidido avanzar en la implantación de su propio modelo universitario español, sin necesidad de esperar a que el proyecto de Ley Orgánica de Universidades (LOU) -que ha sido rechazado en bloque por la Conferencia de Rectores Españoles y varios gobiernos autónomicos- pase el filtro legislativo antes de ser aprobada en el Congreso. El Ministerio de Educación y sus delegados autonómicos en las respectivas Direcciones Generales de Universidades trabajan intensa y coordinadamente en la introducción de cambios normativos menores, a lo largo de este curso, que faciliten la sustitución del actual sistema de promoción docente por el nuevo modelo de contrataciones externas y de habilitación mediante la fórmula de premiar la 'movilidad docente'.

El núcleo central sobre el que pivota la futura LOU persigue 'romper con la actual atomización de los departamentos, para que estén dirigidos por doctores contratados, que procedan de otras universidades', según han explicado a este periódico fuentes próximas al ministerio. El Gobierno central está convencido de que 'en este momento existen cerca de 3.000 doctores que estarían encantados de incorporarse a la universidad' (APUNTES 4/06/2001).

En sintonía con este objetivo de promover la renovación integral de los cuadros intermedios universitarios, la Secretaría de Estado del Ministerio, que dirige Julio Iglesias de Ussel, ha introducido ciertos cambios en la convocatoria anual de becas del Programa Nacional de Formación del Profesorado Universitario para la realización de tesis doctorales que premian la 'movilidad' de los solicitantes, que se publicó en el BOE el 1 de septiembre. El sistema de baremación de esta convocatoria reduce considerablemente el peso del expediente académico del alumno (4 puntos como en las anteriores convocatorias) y del interés del proyecto doctoral (sólo 1 punto) respeto al resto de criterios vinculados a la 'movilidad' del solicitante y a la cualificación que la Comisión Nacional de Evaluación (CNEAI) otorgue al director de tesis. Aquellos estudiantes que ya hubieran disfrutado las ayudas concedidas a 'favorecer la movilidad en programas de doctorado' en tres convocatorias puntuales lanzadas entre septiembre de 1999 y marzo del 2001 tienen un punto de ventaja.

Según la Secretaría de Estado, ésta 'delega la resolución de la concesión de las becas en el director general de Universidades'. Algo poco habitual en la redacción ministerial que suele digirse al gobierno autonómo o a Educación.

El peso que Madrid concede a sus nuevos delegados autonómicos, al frente de las Direcciones Generales de Universidades, se puede medir también con el proyecto de cambios que pretende introducir el director general valenciano, Salvador Forner, en plena sintonía con la 'movilidad docente' impuesta por el Gobierno central a las autonomías. Es en este contexto donde cobran trascendencia los cambios propuestos por Forner a las cinco universidades públicas valencianas respecto al capítulo de objetivos, que es con diferencia la parte más atractiva e innovadora del Plan Plurianual de Financiación (PPF) 1999-2003 diseñado por la Generalitat Valenciana y las universidades como instrumento de planificación del sistema público.

La revisión propuesta por el director general reduce el peso de los principales indicadores del modelo (calidad docente, nivel de cualificación de los egresados, adaptación de la formación universitaria a la oferta y la demanda e impulso a la excelencia investigadora) y se centra exclusivamente en la 'promoción de la movilidad del profesorado'. Es decir que el reparto del 10% del presupuesto anual del sistema público valenciano (los 5.600 millones ligados al capítulo de objetivos ), queda condicionado a la capacidad de cada universidad para promover el desplazamiento de sus propios docentes.

El modelo valenciano -que ha sido pionero en España y bendecido por consejeros autonómicos y la Conferencia de Rectores- ha dejado de ser exportable para convertirse en un instrumento administrativo para finaciar la futura plataforma de jóvenes profesores y doctores contratados diseñada por Madrid. La respuesta de los equipos económicos de las cinco universidades públicas al director general ha sido, cuanto menos, de un rechazo prudente. Tanto en la primera reunión sostenida en la Jaume I el 7 de septiembre como en la última celebrada el pasado jueves 13 en la sede universitaria de Benissa, las universidades trabajan para reconducir la situación y 'fijar unos objetivos comunes para las cinco universidades, dejando al margen de la discusión el peliagudo asunto de la movilidad'.

La ausencia Forner en la cita de Benissa, en la que los equipos económicos analizaron durante siete horas los indicadores de calidad puestos en marcha en el sistema público valenciano, antes de introducir nuevos cambios sin criterios objetivables, revela de manera gráfica la distancia de la Dirección de Universidades respecto a la planificación autonómica de la que es responsable, y su estrecha vinculación con los planes del ministerio.