La fiscalía de México investiga 60 casos de desapariciones de la era del PRI
Familiares de víctimas y grupos de derechos humanos documentan más de 500 denuncias
Los denunciantes reclaman voluntad gubernamental y la depuración de responsabilidades al amparo de la nueva herramienta legal, a la que fuentes jurídicas niegan carácter retroactivo.
La revisión del pasado y el ajuste de cuentas dividen al Gobierno del presidente Vicente Fox entre quienes promueven investigar los crímenes y la corrupción más lacerantes, y aquellos que temen por la estabilidad política y la transición nacional en curso de ejecutarse las pesquisas y procederse a convocatoria judicial de políticos, empresarios o jefes de cuerpos de seguridad. Una de las pancartas desplegad...
Los denunciantes reclaman voluntad gubernamental y la depuración de responsabilidades al amparo de la nueva herramienta legal, a la que fuentes jurídicas niegan carácter retroactivo.
La revisión del pasado y el ajuste de cuentas dividen al Gobierno del presidente Vicente Fox entre quienes promueven investigar los crímenes y la corrupción más lacerantes, y aquellos que temen por la estabilidad política y la transición nacional en curso de ejecutarse las pesquisas y procederse a convocatoria judicial de políticos, empresarios o jefes de cuerpos de seguridad. Una de las pancartas desplegadas frente a la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía General) por la delegación que, la tarde del martes, presentó las 61 denuncias certificaba el dilema oficial: 'Señor presidente Fox ¿para usted no contamos? Desde hace cinco meses esperamos audiencia'.
El Comité Eureka y su presidenta, Rosario Ibarra, lideran movilizaciones que son antiguas, pero más frecuentes y públicas desde que el hombre que venció al PRI en las generales del pasado año prometiera investigar los atropellos más graves, aunque sin cacería de brujas, ni venganzas. 'No somos magos. Si tenemos oportunidad jurídica de esclarecer los casos, lo haremos. Si no, pues no', comunicó a los reclamantes María Luz Lima, responsable de Coordinación General y Desarrollo de la PGR. 'El hecho mismo de que el Estado reconozca la existencia de desaparecidos en el país es un avance enorme'.
La revisión del Código Penal, en vigor a partir de su publicación el pasado primero de junio en el Diario Oficial, no será la panacea a juzgar por el dictamen emitido a este corresponsal por Javier Ferrós, secretario técnico de la Comisión de Justicia del Congreso. No debe tener efectos retroactivos y, además, algunos delitos datan de hace 30 años y han prescrito. 'Jurídicamente, como abogado que soy, el nuevo Código Penal regiría de aquí para adelante. Otra cosa es que sean delitos de lesa humanidad perseguibles a través del tiempo'.
Los familiares de los estudiantes, maestros, sindicalistas o guerrilleros eliminados sumariamente así los identifican, y confían en que el nuevo Código Penal habrá de facilitar las indagaciones, y los castigos. La matanza de estudiantes de la plaza de Tlatelolco, en octubre de 1968, durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, y la brutal represión de los movimientos sociales y guerrilleros de los setenta son algunos de los episodios emblemáticos. El asesinato de 40 indígenas simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en la aldea de Acteal, en Chiapas, cometido durante el mandato de Ernesto Zedillo (1994-2000), fue el más reciente. Las detenciones y procesos abiertos entonces no satisficieron a los acusadores.
Todo indica, según los analistas, que los asesinatos son más numerosos que los ya documentados, y que el PRI y los dirigentes al mando del partido y de las cinco últimas presidencias, rechazarán su citación como reos. El partido fundado en 1929 es todavía el de mayor implantación parlamentaria y social en México, y cualquier decisión de peso requiere de su concurso. Pese a todo el hijo de Jorge Reyes, una de las víctimas, se mostraba esperanzado durante el acto desarrollado ante el edificio de la fiscalía general: 'No porque haya cambiado el Gobierno, sino porque ha cambiado la sociedad'.
Durante el dominio del PRI, las denuncias cayeron en saco roto al ser impensable que el partido que fue régimen y corporación se investigara a sí mismo. La comisión encargada de entregar las 61 denuncias, admitidas a trámite por la PGR, exige el interrogatorio, como responsables de encubrimiento u omisión, de los ex presidentes Luis Echeverría (1970-78), tío del actual secretario general del PRI, y Miguel de la Madrid (82-88), de sus ministros de Interior y de varios jefes policiales y militares. Benjamín Laureano Luna, portavoz del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, pide reformas legales más amplias para hacer justicia. 'Las efectuadas hasta ahora son muy limitadas'.