El Tribunal de Casación francés revisará en octubre un caso de Chirac
El Tribunal de Casación francés, equivalente al Supremo español, ha fijado el 5 de octubre para examinar la cuestión del estatuto penal del jefe del Estado, Jacques Chirac, en un sumario por apropiación de dinero público por parte de la Sempap, la imprenta de la ciudad de París. Este escándalo, anterior al de los viajes privados, roza a Chirac en la medida en que siendo alcalde de París, desoyó las advertencias de los servicios municipales para acabar con la presunta malversación que se estaba cometiendo.
El juez instructor de ese sumario, Patrick Desmure, se declaró incompetente para s...
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El Tribunal de Casación francés, equivalente al Supremo español, ha fijado el 5 de octubre para examinar la cuestión del estatuto penal del jefe del Estado, Jacques Chirac, en un sumario por apropiación de dinero público por parte de la Sempap, la imprenta de la ciudad de París. Este escándalo, anterior al de los viajes privados, roza a Chirac en la medida en que siendo alcalde de París, desoyó las advertencias de los servicios municipales para acabar con la presunta malversación que se estaba cometiendo.
El juez instructor de ese sumario, Patrick Desmure, se declaró incompetente para seguir instruyéndolo, hace ya dos años, precisamente por haber encontrado indicios que afectaban a Chirac. Éste es uno de los tres sumarios en los que existen sospechas sobre la actuación del presidente. El segundo es la financiación oculta de varios partidos políticos, principalmente el neogaullista Unión por la República (RPR), con comisiones ilegales pagadas por los adjudicatarios de obras en las viviendas sociales de París, cuyo juez, Eric Halphen, llamó a declarar a Chirac en abril y halló la puerta cerrada.
El tercero se refiere a los 'indicios' encontrados por los jueces Marc Brisset-Foucault, Armand Riberolles y Renaud van Ruymbeke de participación 'del señor Chirac' en los pagos de una serie de viajes privados efectuados por él mismo, su familia y algunos colaboradores, con fondos que los jueces sospechan pueden proceder de comisiones pagadas por los concesionarios de obras en centros de enseñanza. Algunos de los testigos llamados a declarar sugieren que se trata de fondos reservados.
Todos esos magistrados han encontrado motivos para preguntar a Chirac, pero no lo han hecho en virtud del estatuto penal que se supone protege al jefe del Estado.