El plan de la SEPI propone financiar a cargo del Estado el servicio público de RTVE

La dimisión del presidente de la SEPI, Pedro Ferreras, presentada el pasado martes, no será un obstáculo para que el Plan de Viabilidad de RTVE que ha estado diseñando desde primeros de año salga adelante en sus aspectos fundamentales. Y uno de los capítulos clave es el de la financiación del grupo audiovisual: un modelo mixto (subvención y publicidad) donde estén claramente delimitadas las fronteras.

Antes de comenzar a echar números para establecer las aportaciones procedentes de las arcas del Estado, RTVE deberá fijar el catálogo de actividades cobijadas bajo el paraguas del servicio...

La dimisión del presidente de la SEPI, Pedro Ferreras, presentada el pasado martes, no será un obstáculo para que el Plan de Viabilidad de RTVE que ha estado diseñando desde primeros de año salga adelante en sus aspectos fundamentales. Y uno de los capítulos clave es el de la financiación del grupo audiovisual: un modelo mixto (subvención y publicidad) donde estén claramente delimitadas las fronteras.

Antes de comenzar a echar números para establecer las aportaciones procedentes de las arcas del Estado, RTVE deberá fijar el catálogo de actividades cobijadas bajo el paraguas del servicio público. Aquí caben desde los programas de televisión culturales y divulgativos (tradicionalmente deficitarios en términos económicos) hasta las ofertas de radio dirigidas a públicos minoritarios como Radio 2 o Radio 3 (con nula rentabilidad).

Para facilitar la adjudicación de los recursos se prevé una separación de los contenidos televisivos, de modo que cada una de las dos cadenas albergaría, respectivamente, programas comerciales y de interés público. En esta última categoría estaría la Orquesta y Coros de RTVE y el Instituto Oficial, organismos deficitarios por naturaleza. Y quizá también el fútbol.

Una alternativa similar a la planteada por la SEPI fue presentada por el anterior director general de RTVE, Pío Cabanillas, en la subcomisión parlamentaria que durante la legislatura pasada estudió (sin éxito, por cierto) el nuevo modelo de la radio y la televisión pública. Cabanillas era partidario del 'principio de proporcionalidad' a la hora de fijar el volumen de la financiación pública. Las subvenciones serían acordes a las funciones de servicio público que el Estado otorgara a RTVE.

Según el modelo diseñado por la SEPI, además de recibir subvenciones, los servicios bajo la etiqueta de interés público deberían sufragarse mediante ingresos complementarios como la venta de programas. Los contenidos comerciales se financiarían íntegramente mediante ingresos propios. Especialmente a través de la captación de recursos publicitarios. El ente prevé este año recaudar por este concepto 132.000 millones de pesetas. Por subvenciones recibirá 12.833.

No sólo la televisión actuará como recaudadora. Una de las fórmulas barajadas prevé la explotación comercial de Radio Nacional de España. Esta posibilidad ya se contemplaba en la propuesta de financiación de RTVE que realizó en 1998 el entonces vicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez Cascos, en la que se indicaba: 'Quizá cabría la posibilidad de volver a introducir la publicidad en RNE'. Argumentaba que esta opción 'provocaría nuevas distorsiones en un sector que, también, amenaza con que en el futuro sea objeto de una mayor fragmentación publicitaria'. Por lo tanto, abría la opción de que la radio pública se acogiera a una fórmula intermedia: 'Podría consistir en estudiar determinadas fórmulas de patrocinio para RNE en algunos casos'.

Los actuales ingresos de RTVE cubren apenas la mitad del presupuesto del grupo. De modo que para llegar a fin de año, el Estado ha autorizado al ente un endeudamiento de 133.000 millones de pesetas. Para agilizar la gestión del mastodóntico grupo audiovisual (265.000 millones de presupuesto y una plantilla de 9.500 empleados), la SEPI plantea gestionarlo como si fuera una sociedad anónima. TVE y RNE funcionan, de hecho, como SA.

A la hora de perfilar las estrategias de saneamiento de la compañía, la SEPI establece dos etapas. La primera y más urgente sería atajar el déficit de gestión (118.000 millones para este año). La segunda fase pasaría por resolver el espinoso asunto de la deuda histórica, que a finales de año rozará los 800.000 millones de pesetas. La fórmula elegida para enjugar el gigantesco endeudamiento es muy parecida a la emisión de títulos de renta fija.

Y muy distinta a la defendida hace dos años por el Partido Popular, cuando propuso en la subcomisión parlamentaria que el Estado asumiera la deuda del ente. Era la 'solución histórica', dijo del portavoz popular en la subcomisión, Alejandro Ballestero, para enjugar los 600.000 millones de entonces. Asumir en estos momentos de un plumazo la deuda acumulada en la última década rompería el objetivo del Gobierno de acabar a toda costa el año con déficit cero.

Los recortes de gastos planificados por la SEPI pasan por la reducción drástica de la plantilla, que podría afectar a un tercio de los trabajadores mediante bajas incentivadas y las jubilaciones anticipadas. No parece fácil que la modificación de la plantilla sea pacífica sin el acuerdo de los sindicatos. El Gobierno entiende que habrá tiempo para abordar las negociaciones porque el ajuste laboral no es visto como una cuestión 'fundamental'.