Un magistrado del Supremo sostiene que el peligro de sufrir una ablación es causa de asilo

'La ablación es tanto una forma de tortura como de esclavitud. Por eso, cualquier mujer que viniese huyendo de ella tendría derecho de asilo, lo que evitaría su expulsión', aseguró ayer el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. El juez hizo esta afirmación en el curso de Periodismo Jurídico organizado por la Escuela de Periodismo UAM/EL PAÍS y los colegios notariales en la localidad madrileña de Miraflores de la Sierra.

La opinión del magistrado del Tribunal Supremo es que no puede defenderse la mutilación sexual femenina con el argumento de conse...

'La ablación es tanto una forma de tortura como de esclavitud. Por eso, cualquier mujer que viniese huyendo de ella tendría derecho de asilo, lo que evitaría su expulsión', aseguró ayer el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. El juez hizo esta afirmación en el curso de Periodismo Jurídico organizado por la Escuela de Periodismo UAM/EL PAÍS y los colegios notariales en la localidad madrileña de Miraflores de la Sierra.

La opinión del magistrado del Tribunal Supremo es que no puede defenderse la mutilación sexual femenina con el argumento de conservar con dicha práctica una 'identidad cultural', ya que la ablación 'choca frontalmente con los derechos fundamentales de las personas', explicó. La lucha contra esa práctica debe ser internacional, mediante su declaración como 'crimen contra la humanidad, puesto que en su definición se contemplan los abusos sexuales de gravedad', y nacional, afirmó el magistrado.

José Antonio Martín Pallín señaló que 'si la ablación se comete en España, es un delito tipificado en el Código Penal y castigado con penas de cárcel de hasta 12 años'. Más difícil resulta penalizar esta práctica si los padres trasladan a las niñas a sus países de origen para realizarles la mutilación. 'Para este supuesto, quizá se debería modificar la legislación, pero aun así podría ser perseguido por inducción a un delito, si se prueba que la idea se concibió en España', explicó el magistrado del Tribunal Supremo.