Soltar lastre
El Gobierno ha soltado lastre frente a Alemania en su exigencia de obtener una respuesta plena e inmediata para corregir el efecto estadístico que va a tener la ampliación de la UE a países más pobres. Rectificar una estrategia equivocada es recomendable. La equivocación de la diplomacia española ha sido múltiple, al enviar a la UE un memorándum personal de Aznar sin preparar antes el terreno y al vincular una solución de este problema al periodo transitorio de siete años que pide Alemania (el mismo que se le aplicó a España en su adhesión) para la libre circulación de los trabajadores ...
El Gobierno ha soltado lastre frente a Alemania en su exigencia de obtener una respuesta plena e inmediata para corregir el efecto estadístico que va a tener la ampliación de la UE a países más pobres. Rectificar una estrategia equivocada es recomendable. La equivocación de la diplomacia española ha sido múltiple, al enviar a la UE un memorándum personal de Aznar sin preparar antes el terreno y al vincular una solución de este problema al periodo transitorio de siete años que pide Alemania (el mismo que se le aplicó a España en su adhesión) para la libre circulación de los trabajadores de los nuevos Estados miembros. Ayer, cediendo ante la presión de gobiernos y medios europeos, la diplomacia española renunció a vincular estas cuestiones. A cambio obtuvo vagos compromisos de que se reconocerán las preocupaciones planteadas por España.
Con el ingreso de países más pobres en la UE, y sin que medie progreso real alguno, casi todas las regiones españolas, salvo Extremadura y Andalucía, superarían el 75% de la media comunitaria en ingresos por habitante, y se quedarían sin acceso a los principales programas de ayudas estructurales. Se daría así la paradoja de que los países más pobres de la actual UE serían los primeros en pagar el precio de la ampliación. Éste es un problema real, reconocido en informes de la Comisión Europea.
Por el calendario indicativo aprobado, será bajo presidencia española de la UE, en el primer semestre de 2002, cuando se negocie el acceso de los candidatos a los fondos estructurales. Además, los dineros ya están de hecho repartidos hasta 2006. No se entiende cómo el Gobierno español, que era consciente de este problema desde años atrás, no aprovechó la ocasión de la negociación del Tratado de Niza para introducir una declaración que avalara una tesis más que legítima. El quiebro en las exigencias españolas en Bruselas ha dejado maltrecha la imagen de un Ejecutivo que no ha sabido trazar una estrategia que haga posible compatibilizar el interés de España con el interés común europeo. Mientras Jospin, Blair, Schröder o Prodi hablan de sus visiones para la Europa del futuro, sigue sin articularse un enfoque general español.