Los rectores andaluces alertan de la intromisión de la nueva ley en la autonomía universitaria

El texto de la nueva ley de universidades, que modificará la Ley de Reforma Universitaria (LRU), de 1983, ha desatado la polémica en el seno de las universidades y duras críticas de algunos rectores como los responsables de las universidades públicas andaluzas que explican en un manifiesto su postura ante el texto del anteproyecto de la ley (que se puede encontrar en www.elpais.es).

El Gobierno expresó ayer su 'profunda sorpresa' por el manifiesto de los rectores. El secretario de Estado de Educación y Universidades, Julio Iglesias, aseguró que por parte de la ministra y él mismo...

El texto de la nueva ley de universidades, que modificará la Ley de Reforma Universitaria (LRU), de 1983, ha desatado la polémica en el seno de las universidades y duras críticas de algunos rectores como los responsables de las universidades públicas andaluzas que explican en un manifiesto su postura ante el texto del anteproyecto de la ley (que se puede encontrar en www.elpais.es).

El Gobierno expresó ayer su 'profunda sorpresa' por el manifiesto de los rectores. El secretario de Estado de Educación y Universidades, Julio Iglesias, aseguró que por parte de la ministra y él mismo 'ha habido un proceso de múltiples conversaciones con rectores individualmente y con la propia CRUE'. Iglesias dijo que muchas de las críticas 'no se corresponden con lo que se dice en la ley, como que el contenido atente contra la igualdad de oportunidades y contra la autonomía universitaria (cuando es una apuesta por ella) o que se debilite al sistema público y se fortalezca al privado'. Éstas son las opiniones de los rectores andaluces:

- Procedimiento. Los rectores manifiestan su 'desacuerdo' con el texto y su 'rechazo con el procedimiento seguido hasta ahora' por el Gobierno 'y el que se pretende seguir para su conversión en ley'. Añaden que ha sido elaborado 'sin participación alguna de la comunidad universitaria y con plazos que impiden materialmente el necesario debate'. Las universidades dispondrán en principio sólo de dos días (los próximos 29 y 30) para debatir el texto con el Gobierno.

- Autonomía universitaria. El manifiesto señala que del contenido de la ley 'se deducen medidas que pueden atentar muy gravemente al principio constitucional de autonomía universitaria'. Se refieren a la nueva habilitación estatal del profesorado y al nuevo consejo de gobierno.

- Endogamia. Los rectores andaluces opinan que la nueva definición de la carrera docente 'no garantiza la resolución de los problemas que pudiera haber en la actualidad', en referencia, entre otras cuestiones, a los casos de endogamia en la selección del profesorado que se producen en las universidades. También dicen que el nuevo sistema de selección de los docentes puede 'poner en peligro la necesaria estabilidad y promoción del profesorado de las propias universidades'.

- Igualdad de oportunidades. Para estos responsables universitarios, 'la nueva definición, aunque muy ambigua, de nuevas formas de acceso a los estudios universitarios atenta contra el principio democrático de igualdad de oportunidades'.

- Competencias autonómicas. Según los rectores andaluces, la ley puede producir 'problemas de coordinación entre las administraciones públicas central y autonómica y las universidades'.

- Centros privados. Señalan también que el anteproyecto introduce 'un claro debilitamiento del sistema universitario público que contrasta con el fortalecimiento que se deriva del mismo para las universidades privadas'.

- Órganos de gobierno. Estos rectores opinan que se van a crear 'nuevos órganos de gobierno en las universidades con competencias en conflicto y en los que no está suficientemente garantizada la necesaria participación de todos los sectores universitarios'.

- Financiación. Se quejan además de que el texto 'no contiene referencia alguna a los problemas financieros de las universidades ni a los que pudieran derivarse de aplicar las medidas contenidas en el mismo'.

Finalmente, reclaman plazos amplios para impulsar un debate que busque un consenso que impida que la ley 'sea elaborada y tramitada al margen de la comunidad universitaria'.