El síndico de Cuentas Manuel Barrado desvela manejos en la entidad en favor de Unió

Manuel Barrado, síndico de Cuentas por el PP, ha emitido un voto particular en el que discrepa de la aprobación de la memoria del organismo de 1999 por considerar que éste actúa 'sin independencia' y teledirigido para defender a Unió Democràtica en casos como Turismo de Cataluña, Pallerols o la Fundación Catalana per a la Recerca, informes que han embarrancado en la sindicatura. Barrado afirma que es falso que ésta carezca de medios para atender estos informes y acusa al ex consejero de Gobernación Josep Antoni Duran Lleida de interferir en el organismo.

El síndico del PP mantiene: 'No ...

Manuel Barrado, síndico de Cuentas por el PP, ha emitido un voto particular en el que discrepa de la aprobación de la memoria del organismo de 1999 por considerar que éste actúa 'sin independencia' y teledirigido para defender a Unió Democràtica en casos como Turismo de Cataluña, Pallerols o la Fundación Catalana per a la Recerca, informes que han embarrancado en la sindicatura. Barrado afirma que es falso que ésta carezca de medios para atender estos informes y acusa al ex consejero de Gobernación Josep Antoni Duran Lleida de interferir en el organismo.

El síndico del PP mantiene: 'No es cierta la información de que la sindicatura no tiene los medios suficientes para fiscalizar y dar cumplimiento a los encargos del Parlament'. Recuerda que encargos de la Cámara catalana de 1998 se han iniciado 'formalmente' en el segundo semestre de 2000 y cita los informes sobre la Fundació Catalana per a la Recerca, el Consorcio de Promoción Turística y el de las ayudas del Fondo Social Europeo (caso Pallerols sobre la presunta financiación irregular de Unió), que afectan a departamentos controlados por UDC y algunos destacados militantes democristianos, según ha publicado Diari de Girona.

Traslado en vacaciones

El expediente de la Fundació per a la Recerca, que correspondió al síndico mayor anterior, Ferran Termes, fue trasladado a la residencia veraniega de éste durante las vacaciones del personal, según afirma Barrado. El caso afectó a Josep Antoni Plana, marido de Carmen Drópez, ex secretaria general adjunta de Unió.

Respecto al informe sobre el Consorcio de Turismo, que investiga un juzgado de instrucción, Barrado afirma que desde principios de 1999 se podía haber redactado y no comprende los motivos de su retraso.

El informe sobre el llamado caso Pallerols por la distribución de las ayudas del Fondo Social Europeo que repartía el Departamento de Trabajo 'se ha retrasado por motivos que todos los síndicos sabemos', en lo que considera 'una falta de respeto al Parlament, que ordenó la fiscalización de esas ayudas sospechosas de haber financiado a Unió. El encargo del Parlament es del 13 de octubre de 1998, es decir, de hace más de dos años, y, contrariamente a lo expuesto por Termes, Barrado afirma: 'No precisa de ninguna partida especial para ser acometido'.

Barrado cuestiona las facultades de la sindicatura para retener excedentes de crédito de la entidad, decisión que adoptó la comisión de gobierno de la sindicatura, 'que está formada por tres síndicos, dos de los cuales hasta el 25 de octubre de 2000 eran de Unió'.

El síndico nombrado con el apoyo del PP añade en su voto particular que cuando la Sindicatura de Cuentas, organismo que fiscaliza las cuentas públicas, tenía que designar secretario general 'la realidad es que fue el nuevo consejero de Gobernación y Relaciones Institucionales quien hizo el nombramiento, incluso publicándolo en la prensa, sin que hubiera reunión del pleno de la sindicatura'.

El síndico considera que 'si por un simple nombramiento se aceptan imposiciones de personas ajenas a la sindicatura (...), se entiende que algunos encargos del Parlament -como el Consorcio de Turismo o los Fondos Sociales Europeos, que vinculan presuntamente a personas próximas a Unió Democràtica- se demoren por motivos que la sindicatura califica de falta de medios'. Barrado finaliza su voto particular con una cita de Unamuno, según la cual: 'A veces, callar es mentir'.

Barrado acusa a Ferran Termes de haber ordenado la 'destrucción de documentos de trabajo para evitar filtraciones' del informe sobre el Instituto Catalán de Finanzas.