Integración y falta de recursos
Pretender explicar los motivos por los cuales solamente una pequeñísima parte del colectivo de personas con discapacidad en nuestro país no posee estudios universitarios es lo mismo que tratar de comenzar la construcción de un edificio por su tejado. Habrá que conocer primero todo el proceso educativo anterior y sus condiciones de desarrollo para tratar de entender este hecho.
No podemos estar satisfechos con lo que tenemos actualmente, pero esto no quiere decir que desconozcamos ni despreciemos los valores positivos que sí se han producido en estos últimos años.
De entre los log...
Pretender explicar los motivos por los cuales solamente una pequeñísima parte del colectivo de personas con discapacidad en nuestro país no posee estudios universitarios es lo mismo que tratar de comenzar la construcción de un edificio por su tejado. Habrá que conocer primero todo el proceso educativo anterior y sus condiciones de desarrollo para tratar de entender este hecho.
No podemos estar satisfechos con lo que tenemos actualmente, pero esto no quiere decir que desconozcamos ni despreciemos los valores positivos que sí se han producido en estos últimos años.
De entre los logros alcanzados por el sector de las personas con discapacidad en nuestro país durante los últimos veinte años, no cabe duda de que el que más ha contribuido a cambiar nuestra realidad ha sido el de la integración escolar. El Real Decreto 334/1985 de Ordenación de la Educación Especial se convirtió en la primera medida progresista, al poner en marcha el programa de integración de alumnos con necesidades educativas especiales. De esta manera se materializaban las demandas sociales a favor de los derechos de las personas con discapacidad que durante años habíamos solicitado las organizaciones del sector, comprometidas con la defensa de la normalización, la autonomía y la igualdad de oportunidades, y se dejaban atrás épocas llenas de desconocimiento hacia este colectivo.
Por primera vez, las personas con discapacidad tenían la sensación de ser uno más. El espíritu de la inserción en el sistema educativo general se basa claramente en los principios reflejados en la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), de 1982, aún vigente, y en aquel eslogan de la campaña Mille Bambini Todos iguales, todos diferentes, en la que se nos invitaba a apreciar como un valor necesario el de la diversidad.
Después de todos estos años transcurridos, aún son muchas las deficiencias que se observan y éstas se agrandan a medida que aumenta el nivel educativo. Si algo falla en la educación primaria, sus carencias se suman a las dificultades objetivas que comporta la discapacidad, impidiendo a muchas personas culminar su ciclo educativo. Aun cuando la ley recoge, con el fin de equiparar a todas las personas sin exclusión, que se proporcionarán en cada caso los recursos que garanticen a todos los alumnos conseguir los objetivos educativos, la realidad dista mucho de esa afirmación.
En la actualidad, podemos afirmar que la inmensa mayoría de las personas con discapacidad en edad escolar están escolarizadas, ya sea en centros ordinarios o de educación específicos, pero, en cualquier caso, siguiendo una educación integrada. Sin embargo, la reciente encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud establece que un 23% de las personas con minusvalía entre los 6 y los 64 años no tiene estudios, y la cifra se dispara hasta el 48% en el caso de los mayores de 65 años.
Tras 15 años de experiencia, son muchos los análisis, oficiales o no, que se han realizado sobre la integración escolar. De todos ellos se desprende la necesidad de seguir trabajando para resolver algunas cuestiones no resueltas todavía, como, por ejemplo, las adaptaciones curriculares para aquellos alumnos con déficit intelectual, o las ayudas técnicas y la supresión de las barreras arquitectónicas y de comunicación para aquellos que tienen problemas de tipo físico o sensorial. Igualmente faltan profesores de apoyo en los estudios posteriores a la educación obligatoria, y la información y el conocimiento que existe en los centros escolares sobre deficiencias es todavía muy limitada. Con estos déficit en las edades iniciales de formación, resulta sorprendente que algunas personas puedan acceder a la universidad.
La reforma de la LOGSE marcaba claramente las pautas a seguir, pero una vez más se repetía el proceso: normas precisas, pero sin dotación económica. En el siglo XXI no se puede seguir poniendo parches, como se hace en algunos casos; se trata de plantear seriamente verdaderos planes de actuación y los procedimientos necesarios que permitan resolver, de una vez por todas, los problemas citados, y que imposibilitan llevar a cabo el proceso de una forma sencilla. No obstante, y afortunadamente, el proceso es imparable y, aún con sus dificultades, ha contribuido decisivamente a la formación de miles de ciudadanos con discapacidad.
Es necesario que las autoridades demuestren coraje político para encarar una cuestión que ya se está dilatando demasiado en el tiempo; la regulación, por inmejorable que resulte, nunca resolverá el problema si no va acompañada de los recursos humanos y materiales precisos para encararla, y eso que estamos convencidos de que para cualquier sociedad no hay inversión más rentable a largo plazo que la educación, puesto que supone formar a los ciudadanos que la integrarán en el futuro y en ello se juega su propia supervivencia.
Mario García Sánchez es presidente de la Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España (Cocemfe).