Cortejo transversal
En las vísperas del Aberri Eguna (el Día de la Patria), celebrado el pasado domingo de forma separada por las tres formaciones nacionalistas, el lehendakari Ibarretxe -por segunda vez candidato presidencial del PNV a las elecciones autonómicas- analizó ante un grupo de periodistas los escenarios políticos imaginables tras el 13 de mayo y apostó por una alianza transversal entre nacionalistas y constitucionalistas. A su juicio, el Gobierno de Vitoria no puede -o no debe- ser confiado con caracter excluyente a ninguno de esos dos bloques electorales. A Ibarretxe no le faltan en teoría a...
En las vísperas del Aberri Eguna (el Día de la Patria), celebrado el pasado domingo de forma separada por las tres formaciones nacionalistas, el lehendakari Ibarretxe -por segunda vez candidato presidencial del PNV a las elecciones autonómicas- analizó ante un grupo de periodistas los escenarios políticos imaginables tras el 13 de mayo y apostó por una alianza transversal entre nacionalistas y constitucionalistas. A su juicio, el Gobierno de Vitoria no puede -o no debe- ser confiado con caracter excluyente a ninguno de esos dos bloques electorales. A Ibarretxe no le faltan en teoría argumentos para defender esa tesis; sin embargo, la trayectoria del nacionalismo desde el verano de 1998 priva de verosimilitud a la propuesta, interpretable mas bien como una artimaña para encizañar a los constitucionalistas y seducir al PSOE con el espejismo de una coalición con el PNV.
Ciertamente, los gobiernos de mayoría simple o absoluta, idóneos para producir los positivos efectos de la alternancia en el poder, pueden ocasionar consecuencias indeseadas de exclusión y discriminación para las minorías en sociedades fragmentadas según líneas divisorias de alto contenido emocional; las democracias mayoritarias del modelo Westminster (donde el ganador se lo lleva todo y el perdedor se queda sin nada) sólo parecen funcionar de manera plenamente satisfactoria en sociedades homegéneas con experiencia institucional y respeto a las reglas de juego. En cambio, los países segmentados por razones lingüísticas, étnicas o religiosas (como Holanda, Suiza o Bélgica) pueden obtener buenos resultados con el modelo consociativo de democracia, que distribuye cuotas de poder entre todas las piezas del mosaico y ofrece a las minorías la oportunidad de participar en el gobierno. El País Vasco resultaba en principio un escenario apropiado para esa variante de democracia, tan legítima como la mayoritaria; a partir de 1986, las coaliciones de nacionalistas y socialistas en los niveles autonómico, foral y municipal parecieron marcar ese camino.
Sin embargo, la apuesta del PNV por esa democracia consociativa tan añorada ahora por Ibarretxe fue superficial y -sobre todo- perecedera. El PSOE fue relegado a papeles subalternos durante su estancia en el Gobierno de Vitoria y despedido de malos modos cuando su presencia se consideró innecesaria. Lejos de fortalecer y ampliar los consensos entre los demócratas nacionalistas y constitucionalistas, el acuerdo secreto del PNV con ETA en el verano de 1998 y su Pacto público de Estella con el brazo político de la organización terrorista decretaron la exclusión de populares y socialistas de la vida pública vasca.
Se comprende, así pues, que ni el PP ni el PSOE se hayan tomado en serio el cortejo transversal de Ibarretxe: si el pacto suscrito entre los dos partidos el pasado diciembre condiciona cualquier entendimiento con el nacionalismo moderado a su previa ruptura con el Pacto de Estella, la coalición electoral formada por PNV y EA ha concurrido a las urnas con un programa que insiste en el derecho a la autodeterminación. Las razonables palabras del lehendakari en torno a la necesidad de que los demócratas vascos -nacionalistas o no- unan sus fuerzas de manera consociativa tropiezan con la desafiante respuesta dada en su día a Iñaki Gabilondo por Arzalluz sobre la legitimidad de una eventual independencia del País Vasco proclamada por la mitad más uno de los ciudadanos a quienes los nacionalistas hubiesen otorgado derecho al voto. En cualquier caso, los entendimientos transversales no dejarán de resultar factibles aunque PP y PSOE conquisten el derecho a convertirse en la alternativa de gobierno tras 21 años de hegemonía nacionalista. El PNV y EA seguirán ocupando importantes parcelas de influencia social y de poder parlamentario, foral y municipal; los eventuales acuerdos del gobierno constitucionalista de Vitoria con las diputaciones de Vizcaya y Guipuzcoa y los numerosos ayuntamientos bajo control nacionalista permitirían poner en marcha ese experimento de gobernación consociativa que Ibarretxe reivindica ahora y Arzalluz boicoteó en 1998.