El agua, en el Congreso

El Plan Hidrológico Nacional está en puertas de ser aprobado por las Cortes antes incluso de lo esperado. La comisión que debatirá las enmiendas después de Semana Santa ha escuchado la opinión de hasta 30 expertos, a propuesta de los distintos grupos parlamentarios. Entre ellos no hay ningún especialista acreditado en ordenación del territorio o en economía agraria, buena muestra de que el plan se limita a resolver un problema de demanda de agua a relativamente corto plazo y renuncia a convertirse en un marco estratégico del futuro desarrollo del país. Es una lástima que los avances aportados ...

El Plan Hidrológico Nacional está en puertas de ser aprobado por las Cortes antes incluso de lo esperado. La comisión que debatirá las enmiendas después de Semana Santa ha escuchado la opinión de hasta 30 expertos, a propuesta de los distintos grupos parlamentarios. Entre ellos no hay ningún especialista acreditado en ordenación del territorio o en economía agraria, buena muestra de que el plan se limita a resolver un problema de demanda de agua a relativamente corto plazo y renuncia a convertirse en un marco estratégico del futuro desarrollo del país. Es una lástima que los avances aportados por la Ley de Aguas de 1985 no se vean rematados por otro marco jurídico que tenga el ambicioso nivel de lo que fue una ley pionera en el mundo al incorporar las aguas subterráneas al dominio público, hasta entonces privadas.

El Gobierno sabe de antemano que no va a estar sólo en la aprobación del plan regulador de las transferencias de agua entre cuencas hidrográficas. Cuenta con el apoyo de Coalición Canaria y el obtenido con fórceps a los nacionalistas catalanes, que gobiernan en la autonomía donde se captarán los 1.050 millones de metros cúbicos anuales para el trasvase y cuyos residentes hacen piña con Aragón para que no se lleve a cabo.

Convergència i Unió aparenta satisfacción porque ha logrado que el Gobierno estudie la posibilidad de sustituir o compensar el agua detraída del Ebro por otra de fuentes alternativas, como el Ródano o el Duero. También hace alarde de haber logrado compromisos de 400.000 millones adicionales en inversiones estatales en Cataluña. No ha reconocido, de cara a sus electores, que una buena parte de esas inversiones responden a negociaciones que afectan a otras áreas, como la financiación autonómica o el Plan de Regadíos, todavía virgen.

El pacto del Gobierno con CiU, como el suscrito con las comunidades socialistas de Castilla-La Mancha o Extremadura, revela que para la mayoría de las autonomías lo importante es la parte del pastel que puedan obtener, no la política del agua. Otro asunto es el caso de Aragón. En un gesto por atraerse infructuosamente el beneplácito de los aragoneses, el Gobierno ha asumido el Pacto del Agua de la región. El pacto contiene una lista maximalista de inversiones en obras hidráulicas aprobada por el Parlamento regional que no comprometía en nada al Gobierno de Aragón. Ese pacto suscrito en 1992 requeriría ahora mismo una revisión. Muchas de las obras en él incluidas responden a promesas históricas incumplidas -algunas, de principios de siglo- que hoy no tienen razón de ser y que deberían ser sustituidas por actuaciones más urgentes en otros sectores que no sean las de una agricultura intensiva.

Las políticas de largo alcance en cuestiones básicas como es el agua no se deben abordar con gafas para la visión cercana. Si el Gobierno baja su mirada de consenso hacia los localismos, perderá perspectiva. Sus objetivos deben proyectarse sobre escenarios de visión panorámica a largo plazo. El Plan Hidrológico, en cambio, se marca un escenario a muy corto plazo.

Los siete o diez años, necesarios para que se trace un canal con muchos menos requerimientos técnicos que el AVE, pasarán pronto a la historia. Después de varias legislaturas dedicadas a su elaboración, debería ser más audaz y ambicioso y no limitarse a definir un trasvase, aunque ése sea el mandato expreso de la Ley de Aguas. La reforma apresurada de esa ley -consistente en introducir el mercado del agua con el objetivo de favorecer un uso eficiente- que en la legislatura pasada aplicó el PP para intentar modificar lo que el Tribunal Constitucional dio por bueno no ha cosechado ningún resultado.

El agua no sólo es un recurso básico para facilitar los cultivos intensivos en el campo y los desarrollos turísticos. Lo es también para retener a la población y sus modos de vida en competencia con las grandes aglomeraciones urbanas, y también para mantener los ecosistemas, incluyendo a la fauna. Es un recurso económico estratégico y escaso en buena parte de España. Depositar la responsabilidad de su reparto en la fuerza de intereses localistas es desaprovechar una oportunidad histórica.