Las víctimas recibirán aviso de la liberación de sus agresores
El aviso a la mujer víctima de malos tratos de que su agresor va a ser puesto en libertad y el acceso más fácil de las maltratadas a viviendas y servicios sociales son dos de las medidas que ayer se incluyeron en el borrador del II Plan Integral contra la Violencia Doméstica, según la directora general del Instituto de la Mujer, Pilar Dávila.
Las propuestas, realizadas por algunas comunidades autónomas, se plantearon en la reunión mantenida por la mañana entre Dávila y las directoras generales de Mujer de las comunidades. No acudieron las representantes de Murcia, Castilla-La Mancha y C...
El aviso a la mujer víctima de malos tratos de que su agresor va a ser puesto en libertad y el acceso más fácil de las maltratadas a viviendas y servicios sociales son dos de las medidas que ayer se incluyeron en el borrador del II Plan Integral contra la Violencia Doméstica, según la directora general del Instituto de la Mujer, Pilar Dávila.
Las propuestas, realizadas por algunas comunidades autónomas, se plantearon en la reunión mantenida por la mañana entre Dávila y las directoras generales de Mujer de las comunidades. No acudieron las representantes de Murcia, Castilla-La Mancha y Canarias. El encuentro duró más de tres horas.
Las representantes de las comunidades gobernadas por el PSOE mantienen su postura en favor de una ley integral contra los malos tratos, según manifestó la directora general de la Mujer de Extremadura, Josefa Caraballo. Dijo estar 'decepcionada' con la reunión. En cambio, Pilar Dávila aseguró que no se ha desechado ninguna de las propuestas presentadas. Aseguró que en la reunión se había registrado 'unanimidad' sobre la eficacia de las medidas propuestas, informa Efe. Entre ellas figura que la condena por malos tratos sea causa de divorcio inmediato.
Entretanto, portavoces del PSOE anunciaron en el Congreso
que su grupo interpelará al Gobierno para exigirle que tome medidas para prevenir y luchar contra la violencia de género. Según los socialistas, el Ejecutivo debe garantizar medidas judiciales, educativas, legales y económicas para las víctimas.