La Junta recurrirá la Ley de Extranjería tras el visto bueno de la ejecutiva federal del PSOE

El Gobierno andaluz recurrirá los artículos 7, 8, 11, 21, 22 y 63 de la llamada Ley de Extranjería que afectan, respectivamente, a los derechos de reunión y manifestación, asociación, sindicación y huelga, derecho de recurrir contra los actos administrativos y asistencia jurídica gratuita.

Los socialistas andaluces no han ocultado en todo este proceso que su decisión sobre la Ley de Extranjería estaría ligada en todo momento a lo que decidiera su dirección federal. Así, el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, ya avanzó hace una semana que el Ejecutivo llevaría la Ley al Tribunal C...

El Gobierno andaluz recurrirá los artículos 7, 8, 11, 21, 22 y 63 de la llamada Ley de Extranjería que afectan, respectivamente, a los derechos de reunión y manifestación, asociación, sindicación y huelga, derecho de recurrir contra los actos administrativos y asistencia jurídica gratuita.

Los socialistas andaluces no han ocultado en todo este proceso que su decisión sobre la Ley de Extranjería estaría ligada en todo momento a lo que decidiera su dirección federal. Así, el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, ya avanzó hace una semana que el Ejecutivo llevaría la Ley al Tribunal Constitucional en que el caso de que las negociaciones abiertas entre su partido y el Gobierno de la nación no fructificasen, como así ha sido. Por este mismo motivo y para ser 'coherentes y consecuentes' con las directrices emanadas de la dirección que pilota el secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, el grupo socialista del Parlamento andaluz decidió abstenerse el pasado día 14 en la votación de un recurso defendido por Izquierda Unida, al que se sumaron los diputados del PA, grupo mixto y la verde Inmaculada Gálvez.

El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, se remontó ayer a la dimisión de Manuel Pimentel en la anterior legislatura como ministro de Trabajo para argumentar la demanda del Gobierno autonómico: 'Que quede claro que este recurso está en el Tribunal Constitucional porque se ha creado un problema, fruto de la división interna del PP y del ajuste de cuentas en el Consejo de Ministros'.

Zarrías calificó de 'absurda' la ley orgánica, que, según dijo, 'divide a los españoles' y no aporta ninguna solución ya que las limitaciones de derechos políticos que impone a los inmigrantes son 'incumplibles'. El titular de la Presidencia incluso aseguró que 'desde que Aznar gobierna, la cifra de inmigrantes ilegales se ha multiplicado por cuatro' y descalificó de plano la política del Gobierno central, que 'ni escucha, ni ve, ni actúa, hace dejación de sus responsabilidades y utiliza este asunto como tema de confrontación permanente'.

El consejero también se quejó de la 'nula' respuesta del delegado estatal para la inmigración, Enrique Fernández Miranda, a las peticiones de coordinación planteadas por el presidente de la Junta, Manuel Chaves. 'El Gobierno de Aznar combina la ineptitud y el abandono de sus obligaciones, con la arrogancia y el desprecio a los que le ofrecen diálogo', dijo Zarrías en relación a la mano tendida por su partido y por la Junta de Andalucía, que ayer volvió a reiterar.

La decisión de plantear recurso al Tribunal Constitucional cosechó las críticas no sólo de Izquierda Unida y del grupo mixto, sino también de los andalucistas, socios de coalición del PSOE. El consejero de Relaciones Institucionales y secretario general del PA, Antonio Ortega, acusó a PSOE, PP e IU de actuar 'mediatizados por los intereses foráneos' de sus direcciones estatales y aseguró a Efe que los socialistas se abstuvieron en el Parlamento 'esperando que le dieran instrucciones' desde Madrid. Ortega, según fuentes socialistas, no repitió estas palabras en el Consejo de Gobierno, pese a que expresamente se preguntó si había opiniones.

El portavoz de IU, Antonio Romero, consideró 'muy grave' que el PSOE 'haya seguido una estrategia de partido en un asunto de derechos humanos', mientras el portavoz del grupo mixto, Pedro Pacheco, lo calificó de 'burla' al Parlamento. El PP se reserva hasta hoy su opinión.