Un joven retrasado en el corredor

Antonio Richardson, un retrasado mental cuya ejecución está prevista para el miércoles en Misuri, vive sus últimos días esperando que el gobernador de ese Estado acceda a las numerosas peticiones de clemencia -incluidas la de la Unión Europea y la de la propia madre de las víctimas-, para conmutarle la pena de muerte por la de cadena perpetua. Richardson tenía el coeficiente mental de un niño de siete años y varias lesiones cerebrales cuando fue juzgado a los 16 años por su participación en la violación y asesinato de dos chicas, pero el juez no las consideró como circunstancias atenuantes al ...

Antonio Richardson, un retrasado mental cuya ejecución está prevista para el miércoles en Misuri, vive sus últimos días esperando que el gobernador de ese Estado acceda a las numerosas peticiones de clemencia -incluidas la de la Unión Europea y la de la propia madre de las víctimas-, para conmutarle la pena de muerte por la de cadena perpetua. Richardson tenía el coeficiente mental de un niño de siete años y varias lesiones cerebrales cuando fue juzgado a los 16 años por su participación en la violación y asesinato de dos chicas, pero el juez no las consideró como circunstancias atenuantes al condenarlo en 1993.

Richardson se fue voluntariamente a la policía a contarle lo que había hecho a medias con otros dos amigos (no retrasados), que ahora también están en el corredor de la muerte. Fue la tarde del 5 de abril de 1991, poco después de que los tres violaran a July y Robin Kerry bajo el puente de Old Chain, en San Luis, y luego las tiraran al río. Richardson, dice su actual abogado, Gino Battisti, no sabía que se estaba incriminando ni entendía el concepto de culpabilidad. Y ése fue el primer eslabón de una cadena de irregularidades que desde hace meses ha llevado a la Asociación Nacional de Abogados de EE UU a denunciar su caso por falta de garantías procesales y por ir en contra de las convenciones internacionales de derechos humanos. De no prosperar las intercesiones, será el condenado ejecutado más joven desde que se reinstauró la pena de muerte en EE UU, en 1976.

'La ejecución de adolescentes es un acto bárbaro y atávico que convierte a EE UU en una nación paria ante los ojos del mundo y expone la hipocresía con respecto a nuestra política interior e internacional. ¿Cómo puede imponer sanciones económicas a los países violadores de derechos humanos cuando está violando las leyes internacionales y los derechos civiles de los niños norteamericanos?', decía ayer a EL PAÍS Stephen Harper, abogado que defiende a Richardson en nombre del Asociación Nacional de Abogados de EE UU.

'No distingue entre lo que es un lago y un océano, ni tampoco sabe en qué Estado o país vive. Tiene además varias lesiones cerebrales graves', señalaban los informes psiquiátricos y neurológicos, que el abogado de oficio que entonces le defendió nunca presentó en el juicio. Aun sin esas pruebas, el jurado no se puso de acuerdo para emitir un veredicto y fue el juez Jack Koeher quien lo condenó sin tener en cuenta los informes médicos, según la apelación. Irónicamente, el Estado de Misuri es uno de los 13 que no permiten ejecuciones de retrasados mentales, pero él no figura bajo esa categoría, sino sólo como 'ofensor adolescente'. Tampoco se admitió como prueba en el juicio su infancia de abuso y abandono. Su madre era drogadicta y alcohólica y frecuentemente lo dejaba en la casa, de una sola habitación, cuidando de su hermano menor. Pasaban a veces semanas en medio de la suciedad y sin comida hasta que las autoridades de San Luis los rescataron. Empezó entonces a deambular por centros de acogida y en una de esas etapas cayó en un grupo de chicos mayores que él, con los que luego cometió los crímenes que ahora están a punto de acabar con su propia vida, a los 26 años.

Antonio Richardson es uno de los 73 condenados a muerte en Estados Unidos por crímenes que cometieron cuando eran menores, más de dos terceras partes de los cuales son negros, como él, o hispanos. De los 38 Estados con pena de muerte en vigor, sólo 23 permiten la ejecución de condenados que eran menores de 18 cuando cometieron los crímenes.