Valencia condena el intento de golpe del 23-F y nombra al asesinado Ernest Lluch hijo adoptivo

El pleno del Ayuntamiento de Valencia adoptó ayer tres resoluciones relacionadas con la violencia. Los miembros de la Corporación aprobaron una declaración institucional condenando el golpe de Estado del 23-F, del que ayer se cumplieron 20 años; el último atentado de ETA en San Sebastián; y la concesión a título póstumo del nombramiento de hijo adoptivo al ex ministro socialista Ernest Lluch, asesinado por al banda etarra el pasado mes de noviembre.

En la declaración institucional se reiteró la condena de 'aquel grave atentado contra el orden constitucional que hace 20 años pretendió an...

El pleno del Ayuntamiento de Valencia adoptó ayer tres resoluciones relacionadas con la violencia. Los miembros de la Corporación aprobaron una declaración institucional condenando el golpe de Estado del 23-F, del que ayer se cumplieron 20 años; el último atentado de ETA en San Sebastián; y la concesión a título póstumo del nombramiento de hijo adoptivo al ex ministro socialista Ernest Lluch, asesinado por al banda etarra el pasado mes de noviembre.

En la declaración institucional se reiteró la condena de 'aquel grave atentado contra el orden constitucional que hace 20 años pretendió anular el régimen de libertades, vulnerar la legalidad y sustituir, por la fuerza, la voluntad democráticamente expresada por los españoles; como también condenamos todos los atentados, todos los ejercicios de violencia, con los que la banda terrorista ETA persigue amedrentar a todo un pueblo mediante el recurso al asesinato indiscriminado como estrategia para lograr unos objetivos a los que no puede aspirar por caminos legítimos y democráticos'. La Corporación también reiteró los méritos del asesinado Ernest Lluch y su vinculación a Valencia como motivos más que sobrados para obtener el nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad a la que estuvo vinculado de manera estrecha.

Por otra parte, en el pleno municipal de ayer, los concejales aprobaron por unanimidad la suspensión cautelar de la normativa que permite instalar antenas de telefonía móvil en la ciudad de Valencia. En el pleno se decidió otorgar un plazo de seis meses a un equipo integrado exclusivamente por técnicos para que propongan un nueva ordenanza municipal, que aborde el problema que han generado este tipo de instalaciones.

Igualmente, los miembros del grupo socialista aceptaron una enmienda transaccional del equipo de gobierno del Partido Popular que insta a la Corporación a seguir negociando para que el edificio de Tabalera pueda pasar a propiedad municipal o, en su defecto, lograr que se destine a uso terciario. Este edificio, que tiene más de 23.000 metros cuadrados, está protegido por su valor arquitectónico.