Los Gobiernos central y vasco inician la revisión de la financiación en pleno conflicto político

El encuentro entre las delegaciones del Gobierno central -que encabezará el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de la que formará parte el secretario general del departamento, Antonio Beteta- y del ejecutivo vasco -con la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, al frente, en representación de las tres diputaciones forales vascas- abordará la primera renovación obligada del Concierto Económico -la ley que otorga al País Vasco la capacidad exclusiva para recaudar sus impuestos- desde que fue reconocido en democracia hace 20 años. La ley del Concierto caduca el próximo 31 de diciemb...

El encuentro entre las delegaciones del Gobierno central -que encabezará el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de la que formará parte el secretario general del departamento, Antonio Beteta- y del ejecutivo vasco -con la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, al frente, en representación de las tres diputaciones forales vascas- abordará la primera renovación obligada del Concierto Económico -la ley que otorga al País Vasco la capacidad exclusiva para recaudar sus impuestos- desde que fue reconocido en democracia hace 20 años. La ley del Concierto caduca el próximo 31 de diciembre y hay que aprobar una nueva.

La reunión se celebra en unas circunstancias políticas poco propicias por el enfrentamiento entre los Gobiernos central y de Vitoria. El Ejecutivo de José María Aznar reclama elecciones anticipadas. La singularidad añadida es que la vicelehendakari Zenarruzabeitia, del PNV, representa en el encuentro de hoy a las tres diputaciones vascas, entre ellas la de Álava, presidida por Ramón Rabanera, del Partido Popular. La actitud de Rabanera y de su propio partido en Euskadi ha sido decisiva para la celebración de esta reunión.

Hace un mes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, apuntó la inconveniencia de iniciar la negociación con un Gobierno provisional, el del lehendakari, Juan José Ibarretxe, y se mostró partidario de aplazarla hasta después de las elecciones autonómicas.

La presión de Rabanera

La presión sobre el Gobierno central ejercida por Rabanera y el PP vasco, que no quieren ceder al PNV la bandera de la defensa del ConciertoEconómico, han sido decisivas para la celebración del encuentro.

A su vez, el Gobierno vasco -en minoria parlamentaria desde que Euskal Herritarrok (EH) le retiró su apoyo- se ha embarcado en una estrategia de dotar de normalidad a sus actuaciones, entre ellas, la negociación de la renovación del modelo de financiación.

Las delegaciones del Gobierno central y del vasco fijarán hoy el calendario y las líneas generales de la negociación. Ambos parten de que la situación económica y tributaria de Euskadi ha cambiado desde que en 1980 se aprobó el primer Concierto de la democracia. El Gobierno central estima que es una buena ocasión para revisar al alza el cálculo del Cupo -la cantidad que el Ejecutivo vasco paga al central por los servicios no traspasados- que, a su juicio, supone una financiación extra para Euskadi por una sobrevaloración de sus competencias.

El Gobierno vasco replica que la situación económica de su comunidad se ha deteriorado en los últimos 20 años y cree que el cálculo del Cupo debe hacerse a la baja. En el último ejercicio, el País Vasco recaudó 1.337.000 millones y pagó al Estado un Cupo de 144.000 millones.

El Gobierno central también pretende replantear el papel de la Alta Inspección del Estado, recogida en la ley, y que no se ha ejercido nunca; clarificar la tributación de las empresas o revisar claúsulas del Concierto hoy vigente, como que la presión global efectiva de la comunidad no puede ser inferior a la del resto del territorio. 'Tal claúsula ya no es garantía de nada porque al disponer las comunidades autónomas de capacidad normativa, la presión fiscal puede ser distinta', señalan fuentes gubernamentales.

La delegación vasca planteará la conveniencia de que Euskadi participe en las instituciones de la Unión Europea (UE) en aquellas materias, como la fiscal, en las que tiene competencia exclusiva para recaudar. También cree que ambos Gobiernos deben precisar fórmulas para evitar la judicialización de los conflictos.