Media alcaldada

Todo acontecimiento tiene una imagen. La imagen de la frustrada fusión de Endesa e Iberdrola es la de la pareja de hecho que no llega a matrimonio: Rodolfo Martín Villa e Íñigo de Oriol. Dos rostros nada nuevos. Cuando yo era joven los dos ya mandaban mucho. En este país los gobiernos cambian pero hay algunos que siempre mandan. Oligarquía llamaban a esta figura las doctrinas clásicas. Son ciudadanos que lo tienen claro: Aznar, como Felipe González o como Adolfo Suárez pasarán. Pero ellos seguirán ahí. Hasta que Dios disponga lo contrario. Por eso se atreven a decir no a una operación que el G...

Todo acontecimiento tiene una imagen. La imagen de la frustrada fusión de Endesa e Iberdrola es la de la pareja de hecho que no llega a matrimonio: Rodolfo Martín Villa e Íñigo de Oriol. Dos rostros nada nuevos. Cuando yo era joven los dos ya mandaban mucho. En este país los gobiernos cambian pero hay algunos que siempre mandan. Oligarquía llamaban a esta figura las doctrinas clásicas. Son ciudadanos que lo tienen claro: Aznar, como Felipe González o como Adolfo Suárez pasarán. Pero ellos seguirán ahí. Hasta que Dios disponga lo contrario. Por eso se atreven a decir no a una operación que el Gobierno patrocinaba. Y provocan la perplejidad generalizada: en el Gobierno, donde dicen que algunos se frotan las manos con este fiasco, porque el Gabinete de puertas adentro no sería tan monolítico como parece de puertas a fuera; en la oposición -tan sorprendida como el que más de que por una vez el Gobierno no se salga con la suya; y en los medios de comunicación que buscan desesperadamente el secreto, cuando es perfectamente posible que la única razón del desencuentro sea la desconfianza de los accionistas de Iberdrola. Es decir, que Íñigo de Oriol no se atrevió a aceptar unas condiciones que podían hacerle aparecer claramente como perdedor, vistas las protestas repetidas de los accionistas que votaban a diario en la bolsa, la poderosa voz de los fondos de inversión.

¿De qué nos sorprendemos? ¿De qué a un Gobierno de una sociedad democrática se le puede desbaratar un plan? ¿De que unas empresas tomen una decisión en atención a los intereses de sus accionistas aunque pueda provocar el disgusto del Ejecutivo? Este estado de sorpresa generalizada que transmiten los medios de comunicación confirma que nadie cree demasiado en el respeto debido entre los distintos poderes. Una sospecha perfectamente justificada ante la suma de evidencias de la voluntad interventora en todos los ámbitos -los poderes del Estado y los poderes civiles (económico y mediático)- de un Gobierno que nunca se limitó a las funciones estrictas para las que fue elegido.

Se da por supuesto que cuando el poder tiene un plan éste tiene que ser realidad y que cualquier obstáculo que se oponga por el camino tiene que ser allanado. Sólo que últimamente los planes del Gobierno se han encontrado con resistencias inesperadas: del Poder Judicial -que ha querido reponer al Ejecutivo sobre los raíles de la legalidad en dos casos (congelación salarial e indulto a Liaño) en que ha considerado que había salido del carril- y de una empresa que ha entendido que las condiciones que el Gobierno le ofrecía no eran suficientes para sus intereses. La respuesta del Gobierno cuando los jueces le han enseñado tarjeta roja ha sido discutir la legitimidad del árbitro. Hasta el punto de que el ministro Acebes anunció una reforma de la justicia para que estas cosas no puedan volver a ocurrir. ¿Castigará ahora el atrevimiento de Iberdrola de rechazar el marco que el Gobierno, corrigiendo en sentido favorable a las empresas al Tribunal de la Competencia, había preparado para la fusión? Las empresas españolas suelen comportarse con respeto reverencial al Gobierno y plena incorporación de las coordenadas políticas a sus estrategias. Y, sin duda, no gustará que algunos, por miedo a sus accionistas, den mal ejemplo. Aznar tenía además en esta operación una gratificación añadida en su obsesión por debilitar el entorno económico del nacionalismo vasco: otra empresa, en este caso Iberdrola, dejaba de tener su sede en Euskadi.

De los fracasos, huye. Naturalmente, el Gobierno -Rato- dice y repite que no tenía nada que ver con este frustrado proyecto de fusión. Y, sin embargo, ¿por qué forzó, entonces, las condiciones del Tribunal de la Competencia? Si el Gobierno es neutral en este caso -y en todos- ¿por qué no acepta como referencia los criterios del tribunal? Si el marco más óptimo que el Gobierno podía definir era inaceptable para las empresas, ¿por qué éstas mantuvieron el cortejo? ¿Error de cálculo de Endesa e Iberdrola o malentendido con el Gobierno? Alguien estuvo prometiendo más de lo que dio, porque de otro modo no se entiende que Martín Villa y De Oriol fueran tan lejos a pesar de los avisos del accionariado. Un proyecto del Gobierno descabalga. La legitimidad democrática no equivale a omnipotencia. El Gobierno también tiene limitaciones que respetar. Esta vez se quedó a media alcaldada. E Iberdrola dijo: no.