El tribunal del 'caso de las tragaperras' analiza si los delitos ya han prescrito

La sala de la Audiencia de Vizcaya que juzga el caso de las tragaperras decidió ayer suspender la vista iniciada contra los dos funcionarios del Gobierno vasco implicados en el escándalo de la supuesta venta ilegal de licencias de máquinas de juego para determinar si los delitos imputados por la acción popular a Josu Abrisketa Lizeranzu, cargo público de EA, y Alfredo Peña Barrondo han prescrito, ya que han transcurrido nueve años desde la 'eventual comisión del delito'. Fue el letrado de Abrisketa, Javier Otaola, quien defendió en la sesión de ayer que los hechos han prescrito y que s...

La sala de la Audiencia de Vizcaya que juzga el caso de las tragaperras decidió ayer suspender la vista iniciada contra los dos funcionarios del Gobierno vasco implicados en el escándalo de la supuesta venta ilegal de licencias de máquinas de juego para determinar si los delitos imputados por la acción popular a Josu Abrisketa Lizeranzu, cargo público de EA, y Alfredo Peña Barrondo han prescrito, ya que han transcurrido nueve años desde la 'eventual comisión del delito'. Fue el letrado de Abrisketa, Javier Otaola, quien defendió en la sesión de ayer que los hechos han prescrito y que se ejerció la acusación contra otras personas (Portuondo y el ex director de Hacienda de Vizcaya Iñaki Gori) y por delitos de otra naturaleza (prevaricación y cohecho).

Sumario de Vitoria

La letrada de la acción popular, María José Carrera, defendió también la suspensión de la vista al no haberse aportado a la causa que ahora se pretende enjuiciar las diligencias que en su día instruyó el Juzgado número 3 de San Sebastián -ahora en curso en un juzgado de Vitoria- sobre la empresa operadora de máquinas recreativas de tipo B Insumec; en concreto, un informe 'emitido en dicho procedimiento por los peritos destinados por la Guardia Civil', César Vázquez y Jesús Montes, citados en el juicio.

La acción popular considera que entre 1985 y 1989 el Departamento de Interior, entonces dirigido por el peneuvista Luis María Retolaza, concedió unas 8.000 licencias irregulares para explotar máquinas recreativas del tipo B, por valor aproximado de 5.000 millones. Durante la instrucción, varios testigos aseguraron ante el juez que parte de ese dinero sirvió para financiar ilegalmente al PNV.

El considerable aumento de estos permisos generó 'una importante alarma social y dio lugar a una denuncia [en 1990] por la que se iniciaron las presentes actuaciones', indica la acusación. Y añade, además, que la 'constatada ausencia de la documentación legalmente exigida para la concesión de aquellos permisos ha supuesto un grave daño a la causa pública, impidiendo la culminación de las investigaciones, tanto en sede administrativa (Tribunal Vasco de Cuentas), como en sede judicial, para clarificar y determinar el alcance concreto del fraude y sus responsables'.

Los responsables de la desaparición de esta documentación, según la acusación, serían Abrisketa y a Peña. 'Tenían capacidad de actuación sobre la documentación y eran responsables de la misma'; 'estudiaban y proponían' las autorizaciones administrativas de los permisos de explotación de máquinas recreativas, y eran los 'receptores de la documentación que para ello aportaban las empresas operadoras'. Las defensas indican que Abrisketa, que dejó la Dirección de Juego en julio de 1990, nunca tuvo 'responsabilidad específica en materia de archivo o custodia de documentos'. Y advierte del intento de la acusación de 'realizar un juicio moral o mediático post mortem' a Portundo con la lista de testigos propuesta (59), entre ellos Pepe Rei.