El agua del Ebro no llegará a tierras valencianas hasta que Aragón disponga de 32 pantanos nuevos

El Pacto del Agua es un documento firmado el 30 de junio de 1992 por todos los partidos con presencia en el parlamento autonómico de Aragón (PSOE, PP,PAR e IU), en el que se cifraban necesidades hidráulicas de la región. La letra del documento menciona 32 embalses prioritarios, con un coste estimado entonces en unos 200.000 millones de pesetas que garantizarían un volumen de reservas para consumo interno de 6.550 hm3. El acuerdo exige la construcción de 17 grandes presas y otras 15 de menor tamaño, pero también recoge la necesidad de modernizar regadíos y construir nuevas acequias.

Ning...

El Pacto del Agua es un documento firmado el 30 de junio de 1992 por todos los partidos con presencia en el parlamento autonómico de Aragón (PSOE, PP,PAR e IU), en el que se cifraban necesidades hidráulicas de la región. La letra del documento menciona 32 embalses prioritarios, con un coste estimado entonces en unos 200.000 millones de pesetas que garantizarían un volumen de reservas para consumo interno de 6.550 hm3. El acuerdo exige la construcción de 17 grandes presas y otras 15 de menor tamaño, pero también recoge la necesidad de modernizar regadíos y construir nuevas acequias.

Ninguna de la obras previstas está terminada y, desde hace quince años, en Aragón no se ha realizado ni una sola obra de regulación. En este tiempo sólo el embalse de El Val, en Zaragoza, y Montearagón, en Huesca, están en marcha. Sin embargo, ambos están ahora paralizados por diferentes motivos. Los embalses de Yesa, Santa Liestra y Biscarrués están en distintas fases de licitación pero arrastran varios problemas y todavía no han comenzado los trabajos.

Las necesidades hidrológicas de Aragón han sido asumidas por diversas administraciones en ocasiones anteriores. El 7 de enero de 1915 fueron declaradas obras de interés general las canalizaciones para regadíos en la cuenca del río Gállego, que nunca se han ejecutado.

El Consejo Nacional del Agua incorporó el pasado lunes el Pacto del Agua a la redacción del anteproyecto del PHN. Y establece que el trasvase del Ebro hacia el sur no entrará en servicio mientras no se hayan culminado. Una previsión optimista fija en seis años el plazo mínimo para satisfacer las necesidades de Aragón y los costes se disparan muy por encima de los 200.000 millones previstos en 1992.

Además, a pesar del compromiso legal para desarrollar el Pacto del Agua, los aragoneses mantienen su oposición al trasvase del Ebro. El Partido Aragonés Regionalista (PAR), que sustenta a los socialistas en el gobierno regional, ha convertido su oposición al trasvase en bandera.

El calibre de las exigencias de Aragón recogidas en el PHN fue desestimado ayer por Fernando Modrego, consejero de Medio Ambiente, quien aseguró en Alicante que 'las obras del pacto de Aragón y las necesarias para el trasvase se realizarán de forma paralela, por tanto no tiene que haber retrasos'.

El consejero hizo estas declaraciones al término de una reunión con la directiva de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Alicante (Coepa). Tanto Modrego como el presidente de Coepa, Joaquín Rocamora, coincidieron en respaldar el proyecto del PHN tal como está redactado en la actualidad.

Ambos resaltaron que la ejecución del plan paliará el histórico déficit hídrico de la Comunidad Valenciana cuando se hayan culminado las obras, en torno a 2008, según los plazos previstos antes de incorporar las exigencias de Aragón.

La nueva redacción del PHN, según algunas fuentes, desarma los argumentos sobre los que Aragón sustenta su frontal oposición al proyecto. Pero ayer mismo, Víctor Longás, consejero de Medio Ambiente y representante del gobierno aragonés ante el Consejo Nacional del Agua, insistía en que 'decir que se van a ejecutar las obras del Pacto del Agua y que cuando estén hechas comenzarán las del trasvase es una falacia. El propio consejero murciano decía que las obras serían simultáneas y siempre hemos dicho que Aragón no acepta como moneda de cambio para aceptar el trasvase algo que es un deber del Gobierno del Estado'.

Longás dijo que 'las cuencas cedentes' carecen de garantías y recordó que 'en 1995 Toledo bebió agua lechosa porque se sacó agua del Tajo sin respetar el caudal ecológico', para preguntarse: '¿No va a ocurrir lo mismo?'.

La virulenta oposición de la Junta de Aragón a la consideración del Ebro como único río trasvasable del Estado contrasta con las declaraciones del alcalde de Benidorm, Vicente Pérez Devesa, después de que el Ayuntamiento aprobara por unanimidad una moción favorable al PHN, informa Julio Marín. Según Pérez Devesa, Benidorm, por su condición de ciudad turística internacional, tiene derecho a reclamar los excedentes de agua existentes y dijo 'que la comarca en la que ubica el municipio tiene sus recursos hídricos agotados'. 'Nadie puede acusarnos de tener algún caudal de agua que no hayamos utilizado y agotado y, por ello, nuestras necesidades históricas quedan evidenciadas en este plan hidrológico', añadió.