Los sindicatos dicen que la ley 'era y sigue siendo buena'
Pese a ser socios políticos, UPN no ha logrado convencer al Gobierno del Partido Popular para que retire el único recurso sobre normativa fiscal que se mantiene en Navarra tras el acuerdo del pasado martes. Y el Ejecutivo de Miguel Sanz tampoco ha conseguido el apoyo parlamentario o sindical necesario para modificar la norma tributaria recurrida. Lo único claro es que el Gobierno del PP pulverizó los efectos de una de las leyes más ambiciosamente publicitadas por sus socios navarros.
Patronal y sindicatos reprocharon la actitud del Gobierno de Madrid y los partidos de la oposición manif...
Pese a ser socios políticos, UPN no ha logrado convencer al Gobierno del Partido Popular para que retire el único recurso sobre normativa fiscal que se mantiene en Navarra tras el acuerdo del pasado martes. Y el Ejecutivo de Miguel Sanz tampoco ha conseguido el apoyo parlamentario o sindical necesario para modificar la norma tributaria recurrida. Lo único claro es que el Gobierno del PP pulverizó los efectos de una de las leyes más ambiciosamente publicitadas por sus socios navarros.
Patronal y sindicatos reprocharon la actitud del Gobierno de Madrid y los partidos de la oposición manifestaron su apoyo a una decisión parlamentaria, pese a que no la habían apoyado. El presidente Sanz se reunió tras conocerse la presentación del recurso con los actores del consenso y hubo acuerdo unánime en considerar 'sustanciales' y, por lo tanto, 'inmodificables' los puntos de la ley relativos a la ampliación de hasta un millón de pesetas de la bonificación fiscal por puesto fijo creado con una reducción mínima de jornada del 5% y la deducción fiscal de un 25$ del valor neto de las inversiones si la empresa aumenta al menos en un 3% su plantilla. Por el contrario, los agentes sociales y económicos se mostraron dispuestos a reconsiderar la libertad de amortización de los activos empresariales.
Los portavoces sindicales insisten ahora en que la ley foral 'era y sigue siendo buena' y exigen al Gobierno de UPN que negocie la retirada del recurso con el Ejecutivo de Aznar sin mermar la capacidad fiscal de Navarra para incentivar el reparto del empleo y las 35 horas en la empresa privada. La inseguridad jurídica que provoca el recurso anula el atractivo que los incentivos pueden tener para las empresas.