Tres recursos del Gobierno central reabren la 'guerra fiscal' con Euskadi

Aunque los recursos presentados por el abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) afectan a aspectos de repercusión muy limitada, que no afectan al núcleo central del Impuesto de Sociedades, llegan en un momento en que la tensión y las malas relaciones políticas entre los Gobiernos vasco y central entorpecen el inicio de las negociaciones para renovar el Concierto Económico.

La vigencia de este instrumento que regula el régimen singular de financiación del País Vasco expira el 31 de diciembre de este año. El Gobierno del PP ya ha anunciado que no neg...

Aunque los recursos presentados por el abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) afectan a aspectos de repercusión muy limitada, que no afectan al núcleo central del Impuesto de Sociedades, llegan en un momento en que la tensión y las malas relaciones políticas entre los Gobiernos vasco y central entorpecen el inicio de las negociaciones para renovar el Concierto Económico.

La vigencia de este instrumento que regula el régimen singular de financiación del País Vasco expira el 31 de diciembre de este año. El Gobierno del PP ya ha anunciado que no negociará este asunto con el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe porque se encuentra en minoría parlamentaria y aboga por enmarcar su revisión en paralelo al nuevo marco de financiación de las comunidades de régimen común y, en todo, caso, con el Gobierno vasco que surja de las elecciones autonómicas.

El Gabinete de Ibarretxe acusó ayer al de José María Aznar de incumplir 'el espíritu y la letra' de la paz fiscal. Por su parte, el Ministerio de Hacienda acusó a la Administración vasca de airear ahora los recursos para crear la falsa sensación de que hay una 'ofensiva' contra la fiscalidad vasca. La Administración central y las diputaciones resaltaron hace un año el compromiso adquirido de utilizar en el futuro la Comisión de Evaluación para dialogar e intentar así no judicializar sus diferencias. Antes de recurrir, el Ministerio de Hacienda envió en septiembre pasado un requerimiento a las Juntas Generales de los tres territorios para solicitar la retirada de las normas, pero al comprobar que seguían adelante presentó en diciembre los recursos por la vía contencioso-administrativa. Incluso la Diputación de Álava, gobernada por el PP, aportó al ministerio unas consideraciones previas a los recursos en un intento de pacificar la situación, pero no han surtido efecto.

El diputado de Hacienda de Guipúzcoa, Antton Marquet (PNV), reprochó al Gobierno que no haya llevado sus diferencias a la Comisión de Evaluación porque 'la discrepancia, que en sus términos originales podía ser absolutamente lógica, podía haber sido canalizada en este foro'.

Dos de los preceptos recurridos están incluidos en el Impuesto de Sociedades y establecen una bonificación del 15% en la adquisición de vehículos industriales no contaminantes y en inversiones en activos de innovación con certificados de calidad, deducciones que en el resto de España es del 10%. El tercer recurso se refiere al precepto de la Ley del Contribuyente que permite reducir en un 40% la cuantía de las sanciones tributarias en el caso de que el afectado las acepte (un 30% en el territorio común).

El requerimiento del ministerio fue debatido en el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) del País Vasco, del que forman parte el Gobierno autónomo y las tres diputaciones. La conclusión fue mantener las deducciones por entender que estaban dentro del margen de divergencia pactado.

El Gobierno vasco ha acusado al central de incumplir el 'espíritu y la letra' de la paz fiscal con los nuevos recursos. Por su parte, las tres haciendas aseguraron que defenderán ante los tribunales su capacidad normativa en este tema.