El delegado de la Zona Franca de Cádiz participa en la dirección de seis empresas, dos de ellas privadas

El delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro, del PP, compatibiliza sus funciones al frente del recinto fiscal con la labor empresarial como administrador único, consejero, o presidente y consejero delegado de hasta seis empresas (tres públicas, dos privadas y una de capital mixto), según denunció ayer el PSOE de Cádiz. Con esta doble actividad, el delegado, si es considerado alto cargo del Estado, puede vulnerar la ley 12/1995, que regula el régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno central y de los altos cargos del Estado.

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El delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro, del PP, compatibiliza sus funciones al frente del recinto fiscal con la labor empresarial como administrador único, consejero, o presidente y consejero delegado de hasta seis empresas (tres públicas, dos privadas y una de capital mixto), según denunció ayer el PSOE de Cádiz. Con esta doble actividad, el delegado, si es considerado alto cargo del Estado, puede vulnerar la ley 12/1995, que regula el régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno central y de los altos cargos del Estado.

El PSOE considera que este puesto es de un alto cargo del Estado, al ser el delegado especial del Gobierno en una entidad de derecho público y ser nombrado por el Consejo de Ministros a petición del entonces ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato.

Rodríguez de Castro es el administrador único de la empresa privada Transtech Internacional, SL, desde el 10 de noviembre de 2000, una sociedad dedicada a la venta de telecomunicaciones. Según la documentación aportada ayer por el diputado socialista José Fernández Chacón, el delegado especial del Estado en la Zona Franca es además consejero, desde el 16 de mayo, de Aceites Borges Cádiz S.L, una planta envasadora de aceites que cuenta con un capital social de 300 millones de pesetas. También es consejero del Parque Comercial Las Salinas S.A., empresa con capital mixto público y privado, con 100 millones de capital social.

La Ley de Incompatibilidades establece que 'los altos cargos (...) ejercerán sus funciones con dedicación absoluta y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena, y, asimismo (...) tampoco podrán percibir otra remuneración'.

El delegado participa además con cargos de máxima responsabilidad en tres empresas públicas dependientes del Consorcio de la Zona Franca. Es el presidente y consejero delegado, desde el 22 de junio de 2000, de la Sociedad General de la Bahía de Cádiz, SA, y de la Red Iberoamericana de Logística y Comercio, SA. La primera de estas sociedades se dedica al negocio inmobiliario y la segunda está dedicada al fomento del comercio exterior. Rodríguez de Castro aparece, por último, como consejero, desde el 10 de octubre de 2000, de Servicios Documentales de Andalucía, SL, dedicada a la custodia de fondos documentales. Estas tres empresas públicas comenzaron su actividad con un capital social de 10 millones.

Según el PSOE, el delegado vulnera también el artículo tres de la citada Ley de Incompatibilidades. Esta disposición limita a los altos cargos a participar en representación del Estado en un máximo de dos consejos de administración de organismos o empresas con capital público.

El incumplimiento de esta ley está considerada una infracción muy grave y conlleva como sanción la imposibilidad de ejercer un puesto de alto cargo durante un periodo de tres a 10 años.

Fernández Chacón presentará tres iniciativas parlamentarias en las que pregunta si Rodríguez de Castro es un alto cargo del Estado, si el delegado ha presentado la declaración de actividades en el Registro de la Administración General del Estado y qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante esta doble actividad del máximo responsable de la Zona Franca. 'El delegado forma parte de seis empresas y la ley se lo impide como alto cargo. Hay documentación suficiente como para que intervenga el Estado, porque los datos son graves', denunció Fernández.

Por otra parte, el secretario del PSOE de Cádiz, Francisco González Cabaña, presentó ayer dos denuncias en la Subdelegación del Gobierno ante las inspecciones generales de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas. Los socialistas exigieron 'responsabilidades políticas directas' a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, por ser presidenta del Consorcio de la Zona Franca y por haber mediado en el nombramiento de Rodríguez de Castro como delegado.