La Audiencia juzga mañana por estafa a cuatro acusados en un devaluado 'caso Azpiegitura'
La Diputación de Vizcaya reduce de forma drástica sus peticiones de pena
El caso Azpiegitura, la presunta estafa de 571 millones de pesetas a la Diputación de Vizcaya en la construcción de un edificio público en Bilbao entre 1989 y 1993, vuelve mañana de nuevo a la Audiencia vizcaína totalmente devaluado. Ninguno de los políticos que fueron procesados y acusados formalmente en el primer juicio, celebrado en octubre de 1996 y anulado por el Tribunal Supremo en 1998 por defectos de forma -el ex gobernador civil de Vizcaya Daniel Arranz (PSE); el responsable político de la sociedad foral Azpiegitura, Juan Llorens (PSE), y su hombre de confianza en la Diputación...
El caso Azpiegitura, la presunta estafa de 571 millones de pesetas a la Diputación de Vizcaya en la construcción de un edificio público en Bilbao entre 1989 y 1993, vuelve mañana de nuevo a la Audiencia vizcaína totalmente devaluado. Ninguno de los políticos que fueron procesados y acusados formalmente en el primer juicio, celebrado en octubre de 1996 y anulado por el Tribunal Supremo en 1998 por defectos de forma -el ex gobernador civil de Vizcaya Daniel Arranz (PSE); el responsable político de la sociedad foral Azpiegitura, Juan Llorens (PSE), y su hombre de confianza en la Diputación, Javier Martínez (PNV)- deberá sentarse de nuevo en el banquillo.
HB y la acusación particular de Azpiegitura, en representación de la Diputación, han extirpado de raíz la derivada política de la nueva vista. La formación independentista aduce el 'alto coste económico' que le supondría presentarse a la repetición del juicio y la institución foral no ha dicho nada. 'No hay duda de que los responsables de la Diputación deben una explicación. ¿Qué sucede, que los que antes eran estafadores han perdido esa condición por arte de magia?', asegura Ángel Gaminde, abogado defensor del único condenado en la primera vista (seis meses por falsificación), el constructor Iñaki Ereño vinculado al PNV.
De hecho, en el primer juicio fue la propia fiscalía la que empezó a desinflar un globo que comenzo con una denuncia de la Diputación en 1993 al descubrir una presunta estafa por la facturación de unas determinadas inyecciones de material (10.355 metros cúbicos) en la cimentación de un edificio público que, según la acusación particular, 'nunca' se realizaron. En la vista oral, de manera sorpresiva, la fiscalía, entonces dirigida por María Ángeles Montes y Jesús Cabezón, retiró, como ahora, todos los cargos contra los 12 procesados, salvo para Ereño.
Además, el escrito de calificación de la Diputación reduce sensiblemente su petición de penas. De los iniciales 222 años por estafa y falsedad en documento para Ereño, 210 para el arquitecto y militante socialista Alberto López y 204 para cada uno de los aparejadores procesados, Enrique Almenara y Federico Lorenzo, ha pasado a pedir por estafa para cada uno de ellos cinco años y otros seis meses por falsificación para Ereño.