El Ministerio de Medio Ambiente recurre el archivo del 'caso Boliden'

El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Abogacía del Estado, presentó ayer en el Juzgado de Instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor un recurso contra el auto de archivo de las diligencias previas, abiertas tras el vertido tóxico de Aznalcóllar, que afectó al entorno de Doñana. Con esta medida, que ya había anunciado el ministro Jaume Matas la semana pasada, la Administración estatal pretende que se delimiten todas las responsabilidades penales de la rotura de la balsa.

Los servicios jurídicos de la Administración central sostienen que existen indicios de responsabilidad penal ...

El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Abogacía del Estado, presentó ayer en el Juzgado de Instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor un recurso contra el auto de archivo de las diligencias previas, abiertas tras el vertido tóxico de Aznalcóllar, que afectó al entorno de Doñana. Con esta medida, que ya había anunciado el ministro Jaume Matas la semana pasada, la Administración estatal pretende que se delimiten todas las responsabilidades penales de la rotura de la balsa.

Los servicios jurídicos de la Administración central sostienen que existen indicios de responsabilidad penal y que, frente a lo indicado en el auto de la juez Celia Belhadj-Ben, 'la imprudencia cometida debe ser calificada como grave, lo que significa la existencia de un delito ambiental'. En el texto, según una nota ministerial, se hace hincapié en que no se adoptó ningún control ni se instalaron instrumentos de medición para determinar si había movimientos en el subsuelo durante los años de explotación de la mina. 'Sin estas medidas de seguridad no ha sido posible conocer los desplazamientos que se han estado produciendo desde 1985', agrega la nota.

El Ministerio de Medio Ambiente añade que, en caso de que no existan responsabilidades penales, retomará el expediente sancionador que abrió la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a Boliden Apirsa tras la rotura de la balsa, por infringir la Ley de Aguas, que contempla sanciones de hasta 100 millones de pesetas por vertidos ilegales a una cuenca. La riada tóxica afectó a 45 kilómetros del cauce del río Guadiamar.

El archivo del caso ha sido recurrido también por la Junta de Andalucía, Ecologistas en Acción y la Sociedad Española de Ornitología. Por otra parte, Los Verdes anunció ayer que presentará una querella contra la juez Celia Belhadj-Ben ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que investigue si cometió un delito de prevaricación al archivar la causa, informa Europa Press.