Fraude consumado
Despedimos el milenio con el Parlamento vasco aprobando la Carta de Derechos Sociales. Sólo un sentimiento de fraude me provoca la transformación que el Parlamento ha llevado a cabo con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). El sentido común debiera dictar que una ILP debiera ser votada como originalmente la propusieron sus 83.000 firmantes. De esta forma la Cámara estaría obligada a decir sí o no a la propuesta de la ILP y no como ahora, cuando el Parlamento vasco sanciona con el título de "Carta de Derechos Sociales" una simple mejora del Ingreso Mínimo de Inserción contenido en la Ley con...
Despedimos el milenio con el Parlamento vasco aprobando la Carta de Derechos Sociales. Sólo un sentimiento de fraude me provoca la transformación que el Parlamento ha llevado a cabo con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). El sentido común debiera dictar que una ILP debiera ser votada como originalmente la propusieron sus 83.000 firmantes. De esta forma la Cámara estaría obligada a decir sí o no a la propuesta de la ILP y no como ahora, cuando el Parlamento vasco sanciona con el título de "Carta de Derechos Sociales" una simple mejora del Ingreso Mínimo de Inserción contenido en la Ley contra la Exclusión Social de 1998.La Carta quería conseguir que, bien a través del empleo, promoviendo fórmulas de reparto del empleo, bien a través de una asignación de renta directa (la renta básica), los ciudadanos y ciudadanas de la CAPV tuviesen garantizado un nivel de ingreso que les permitiera llevar una vida digna. Un argumento muy escuchado para oponerse a una renta básica equivalente al SMI (82.460 pesetas en 12 mensualidades en el año 2000) ha sido que desanimaría la búsqueda de empleo. Lo cual es verdad si estamos hablando del mal empleo, del más precario y explotado, del que no garantiza siquiera un salario susceptible de situar a la gente trabajadora más allá de la frontera del umbral de la pobreza.
El debate social acerca del sentido más profundo de la Carta de Derechos Sociales ha quedado completamente tapado por la cuantificación que va a tener la futura renta básica. Las 61.845 pesetas, 11.000 más que el IMI actual, parecen haber cerrado, por ahora, el horizonte de lo posible en la lucha contra la pobreza. Poco importa que esta cantidad diste mucho de las 95.000 pesetas en que, según los estudios del Gobierno vasco, se sitúa el umbral de la pobreza.
Cuatro años en danza con esta iniciativa para que finalmente acabe así. Mal camino para una democracia que necesita ser construida día a día. La ILP es un intrumento para ello, pero parece que hay gente empeñada en quitarnos las ganas.- José Manuel Ferradás. San Sebastián.