La Comisión Europea respalda casi en bloque a Monti en el rechazo a las ayudas eléctricas

El comisario de la Competencia de la Comisión Europea, Mario Monti, ha recibido el apoyo casi unánime de sus colegas en Bruselas en su propósito de abrir un expediente de infracción contra el Gobierno español por haber autorizado en 1997 el cobro de 1,3 billones por parte de las empresas eléctricas en concepto de costes de transición a la competencia (CTC). Sólo una comisaría de las afectadas por el caso, la de Energía y Transportes, que dirige la española Loyola de Palacio, vicepresidenta de la Comisión, apoya el sistema de cobro por el que las empresas cargan un 4,5% en la tarifa eléctrica....

El comisario de la Competencia de la Comisión Europea, Mario Monti, ha recibido el apoyo casi unánime de sus colegas en Bruselas en su propósito de abrir un expediente de infracción contra el Gobierno español por haber autorizado en 1997 el cobro de 1,3 billones por parte de las empresas eléctricas en concepto de costes de transición a la competencia (CTC). Sólo una comisaría de las afectadas por el caso, la de Energía y Transportes, que dirige la española Loyola de Palacio, vicepresidenta de la Comisión, apoya el sistema de cobro por el que las empresas cargan un 4,5% en la tarifa eléctrica.

En el expediente confidencial Ayudas de Estado NN 49/99-España, elaborado por la secretaría general de la CE, consta por escrito que las direcciones generales de Empresas; de Fiscalidad y Unión Aduanera; y de Salud y Política de Consumo dieron su apoyo a la apertura del expediente contra España a lo largo de septiembre. Competencia también examina la apertura de expediente a Alemania, Austria y Holanda por ayudas a las eléctricas.En sus aportaciones al procedimiento escrito, las diferentes direcciones generales de la Comisión Europea muestran que aún dentro del rechazo general a las ayudas, existen grados. La más contundente en la crítica al sistema aprobado por el entonces ministro de Industria, Josep Piqué, es la dirección general de Fiscalidad y de la Unión Aduanera. Para ésta y dados los "riesgos significativos" [que las ayudas] suponen para la competencia, es "imperativo" no sólo abrir procedimiento contra España, sino, además, suspender el cobro de las ayudas por parte de las empresas de forma inmediata. Las compañías españolas han cobrado ya 400.000 millones de los 1,3 billones pactados.

Desde otro punto de vista, pero igual de contundente, la Dirección General de Salud y Política de Consumo considera la fórmula de cobro autorizada por el Gobierno español (un 4,5% de recargo en la tarifa que pagan los consumidores) como "un nuevo impuesto" (new tax) contrario a especificaciones del Tratado de la UE que "eleva los costes de la electricidad para los consumidores domésticos españoles".

Tampoco la Dirección General de Empresas se muestra sensible a los argumentos del Gobierno español. Apoya la apertura del expediente, si bien, señala que hubiera sido mejor haberlo abierto antes de que la empresa británica O'XERA hubiera examinado el asunto. O'XERA recibió el encargo de Bruselas de analizar las ayudas en calidad de experto independiente y avaló "el método de cálculo", que no la cuantía, de los CTC españoles.

Defensa de De Palacio

Sólo la dirección general de Energía y Transporte, perteneciente al departamento que dirige Loyola de Palacio, se ha pronunciado en contra de la apertura de expediente que propone Monti contra las ayudas. Éstas, teóricamente, tenían como fin compensar a las eléctricas por el aumento de la competencia, el cambio de marco legal y las inversiones que ya no iban a poder recuperar. Pero el anuncio de fusión entre Endesa e Iberdrola ha puesto aún más en cuestión el sistema ya que activos que se suponían carentes de valor, valen ahora mucho dinero. De hecho, Endesa -la compañía más beneficiada por las ayudas- ha anunciado que las desinversiones previstas para acometer la fusión podrían suponer tres billones de ingresos para sus arcas. Sobre esa fusión, el presidente de la Comisión Nacional de la Energía, Pedro Meroño, manifestó ayer que el organismo emitirá nuevos informes.El frente común contra el Gobierno español ha obligado a la ex ministra de Agricultura y vicepresidenta de la Comisión, Loyola de Palacio, a emplearse a fondo para evitar un varapalo inmediato al Gobierno español. De Palacio ha reclamado intervenir en el proceso que hasta ahora dirigía Monti en solitario aprovechando que las ayudas afectan también en parte a activos nucleares. Según las tesis de la comisaria española, su departamento, Energía y Transporte, es competente para tratar asuntos referidos a activos nucleares de acuerdo con los tratados internacionales vigentes, como el Euratom.

La combatividad de De Palacio ha conseguido aplazar la apertura del expediente contra España, asunto que se iba a tratar por el Colegio de Comisarios el día 21. De esta forma, las espadas quedarán en alto hasta después de las vacaciones navideñas, al menos hasta el 15 de enero.

La demanda de abrir expediente se basa en la supuesta vulneración del artículo 88 (2) del Tratado de la Unión Europea. Éste recoge que si "la Comisión comprobare que una ayuda otorgada por un Estado o mediante fondos estatales no es compatible con el mercado común (...), o que dicha ayuda se aplica de manera abusiva, decidirá que el Estado interesado la suprima o modifique en el plazo que ella misma determine".