Las familias del 'caso Bazar España' piden justicia tras dos años de espera
Los familiares de las cinco víctimas del derrumbe de un muro del antiguo Bazar España, el 31 de diciembre de 1998 en Sevilla, comparecieron en público ayer, por primera vez en los casi dos años transcurridos desde la tragedia, para reclamar justicia y denunciar el retraso que sufre el proceso judicial abierto tras la muerte de sus seres queridos.Muy afectados, incapaces de contener las lágrimas por momentos, representantes de las cinco familias que perdieron a alguno de sus miembros en el suceso denunciaron ayer la doble desgracia que sufren desde que ocurrieron los hechos: "Además de la muert...
Los familiares de las cinco víctimas del derrumbe de un muro del antiguo Bazar España, el 31 de diciembre de 1998 en Sevilla, comparecieron en público ayer, por primera vez en los casi dos años transcurridos desde la tragedia, para reclamar justicia y denunciar el retraso que sufre el proceso judicial abierto tras la muerte de sus seres queridos.Muy afectados, incapaces de contener las lágrimas por momentos, representantes de las cinco familias que perdieron a alguno de sus miembros en el suceso denunciaron ayer la doble desgracia que sufren desde que ocurrieron los hechos: "Además de la muerte de nuestros familiares, hemos topado con la política y con el poder de Inmobiliaria Osuna", afirmó ayer Ana María Albarrán, madre de una de las fallecidas, de 17 años, y portavoz del grupo. Los familiares harán una ofrenda floral en el lugar de los hechos el próximo 31 de diciembre.
Ayuda psicológica
Los familiares de las víctimas dicen que llegarán hasta el Supremo
"Y la gerencia de Urbanismo, sus arquitectos y funcionarios, que no revisaron el solar, que estaba declarado en ruina en 1984 y tenía licencia para ser derruido desde noviembre de 1998, y esperaron a que el viento lo tirara en diciembre", concluyó la portavoz del grupo de familias que, destrozadas, reconocieron que han tenido que recurrir a la ayuda psicológica que les ha ofrecido el grupo socialista en el Consistorio, al que expresaron su gratitud ya que "junto con Pizarro, de IU, son los únicos que han estado a nuestro lado".Las familias también tienen un hueco en sus reclamaciones para el juez que, en un auto de febrero de 2000, calificó los hechos como falta y no como delito. "El auto es una contradicción. Nos da la razón porque reconoce todos los hechos que denunciamos nosotros y luego dice que no son delito", dijo Ana María Albarrán.
"Confiamos en que se haga justicia pero la situación es que hemos recurrido ante la Audiencia Provincial y, varios meses después, nos dicen que falta un papel. Hace ya dos años que ocurrió todo y estamos como al principio", afirmó Albarrán. "Son cinco víctimas que pudieron evitarse. Sólo pedimos a la Audiencia que, un día al menos, se pongan en su lugar", pidió como madre de una de las fallecidas.