Los jueces dictaron penas de prisión sólo en el 4% de los procesos por maltrato
El maltrato doméstico resulta, a menudo, más barato para el agresor que una infracción de tráfico. El 56% de los procedimientos judiciales iniciados desde 1998 en Andalucía por violencia contra mujeres acabó en un proceso por faltas. De ellos, el 72% de los maltratadores fueron condenados a pagar multas irrisorias, que no superaron las 25.000 pesetas. El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, pidió ayer que se corrija la tipificación de los malos tratos para que se considere un delito y que se creen fiscalías específicas. Menos del 4% de los procesados recibió una condena de prisión.
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El maltrato doméstico resulta, a menudo, más barato para el agresor que una infracción de tráfico. El 56% de los procedimientos judiciales iniciados desde 1998 en Andalucía por violencia contra mujeres acabó en un proceso por faltas. De ellos, el 72% de los maltratadores fueron condenados a pagar multas irrisorias, que no superaron las 25.000 pesetas. El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, pidió ayer que se corrija la tipificación de los malos tratos para que se considere un delito y que se creen fiscalías específicas. Menos del 4% de los procesados recibió una condena de prisión.
Segunda generación
El servicio de defensa legal para malos tratos, creado en julio de 1998 por la Junta de Andalucía, había asistido hasta el pasado 31 de octubre a 1.378 mujeres. El 70% de ellas estaba casada con su agresor y, en casi la mitad de los casos, sufrieron la violencia en el momento de la ruptura. El domicilio de la víctima es el escenario de los malos tratos en el 66% de las ocasiones. Los agresores suelen reincidir en el uso de la violencia: el 55% disponen de antecedentes por ataques a su pareja. Las presiones y el temor de las víctimas, incluso después de haber denunciado a su agresor, provocan que el 3% renuncie a seguir con las acciones cuando se acerca la fecha del juicio. El porcentaje de mujeres que desisten a lo largo del proceso se eleva hasta el 11%, aunque se ha rebajado respecto al 20% que abandonaba en 1998. En Andalucía se han registrado el 24% de las denuncias por malos tratos formuladas en el conjunto estatal (17.068).
Los casos donde se prueba la reincidencia suelen tramitarse como delitos, pero la mayoría de las denuncias presentadas este año por el servicio de defensa legal acabó en un juicio de faltas. Aunque el porcentaje ha disminuido desde el 80% de 1998, se aprecia aún la "sistemática tendencia judicial" a calificar los hechos como faltas, lo que ha ocurrido en el 56% de las denuncias presentadas este año, según consta en la memoria del servicio jurídico.
La multa es la pena más habitual que aplican los jueces a los agresores. El 72% de los maltratadores condenados en un proceso de faltas recibió una sanción irrisoria, que no superó las 25.000 pesetas. De las 369 condenas dictadas en juicios de faltas y delitos, sólo el 3,79% contemplaba penas de prisión para el agresor. Casi el 56% de los procesados sólo mereció una multa del juez. En la memoria del servicio de defensa legal se destaca que casi el 79% de los sentencias son condenatorias, aunque apenas existen fallos por mal trato psicológico y pocas penas dictaminan arrestos o prohiben el acercamiento a la víctima.
El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, aprovechó ayer la presentación de la memoria del servicio, que asiste gratuitamente a mujeres maltratadas, para reclamar que se "singularice" la violencia doméstica para que se considere un delito y evite que numerosos procedimientos se reduzcan a la calificación de faltas. Zarrías criticó la "paradoja" de que las mujeres maltratadas estén menos protegidas jurídicamente que la propiedad privada.
Además, pidió al Gobierno central que ponga en marcha fiscalías específicas y que aborde la violencia de género como "un problema de Estado". El Ejecutivo, sin embargo, ya ha expresado su rechazo a la creación de fiscalías para asuntos de malos tratos dado su elevado coste. En la actualidad, el Ministerio Público no siempre interviene en los procesos de violencia doméstica. A pesar de las circulares de la Fiscalía General del Estado, en el 54% de los casos de malos tratos "pide la absolución o no interviene o bien no consta su intervención", según la memoria del servicio jurídico del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).
Gaspar Zarrías también lamentó la lentitud en la tramitación de los procesos, sobre todo en los casos que se juzgan como delitos. El 42% de estos procedimientos se demora durante más de un año y sólo el 10% se resuelve en un periodo inferior a los seis meses. La tardanza también afecta a los procesos instruidos como faltas: el 70% necesita más de tres meses para resolverse. El consejero pidió un plan integral del Gobierno para afrontar el tema de la violencia contra las mujeres, que traslade "el problema de lo privado a lo público" y ofreció la colaboración de la Junta de Andalucía. La directora del IAM, Teresa Jiménez, explicó ayer, al término de la conferencia de prensa, que los centros de acogida de mujeres maltratadas están recibiendo, cada vez con más frecuencia, "la segunda generación" de víctimas, que en su día ya tuvieron que refugiarse en las casas por ser hijas de parejas donde había casos de violencia doméstica. El IAM ha preparado numerosos actos en todas las provincias andaluzas con motivo de la jornada internacional de rechazo a la violencia de género.
Por otra parte, la responsable del área de la mujer de Izquierda Unida, Teresa García, reclamó ayer la creación urgente de una fiscalía especial contra el maltrato y de juzgados especializadas en el tratamiento de estas agresiones, informa Europa Press. Con esta medida, García cree que se evitarían fallos judiciales de arrestos de fin de semana para los agresores, que siguen conviviendo en las mismas casas que sus víctimas, lo que genera "un enorme riesgo para estas mujeres".
La representante de IU pidió, además, a la Junta de Andalucía que incremente la "irrisoria" asignación económica prevista para el plan de erradicación de la violencia doméstica de 2001, aprovechando el proceso de enmiendas parciales de los Presupuestos.