Garzón imputa por supuesta pertenencia a ETA a una coordinadora de enseñanza en euskera

El juez Baltasar Garzón afirmó ayer en un auto que la coordinadora AEK, de enseñanza del euskera a adultos, forma parte presuntamente de "la estructura organizativa del entramado criminal de ETA-KAS", donde estaría integrada como una organización sectorial dentro de ASK, la organización revolucionaria de KAS para el movimiento popular. El magistrado ha ordenado la administración judicial de la sociedad y ha citado a declarar como imputados a 19 directivos. Les acusa de pertenencia o colaboración con ETA y defraudación a Hacienda y a la Seguridad Social.

Según el juez, AEK ha defraudado ...

El juez Baltasar Garzón afirmó ayer en un auto que la coordinadora AEK, de enseñanza del euskera a adultos, forma parte presuntamente de "la estructura organizativa del entramado criminal de ETA-KAS", donde estaría integrada como una organización sectorial dentro de ASK, la organización revolucionaria de KAS para el movimiento popular. El magistrado ha ordenado la administración judicial de la sociedad y ha citado a declarar como imputados a 19 directivos. Les acusa de pertenencia o colaboración con ETA y defraudación a Hacienda y a la Seguridad Social.

Autofinanciación

Según el juez, AEK ha defraudado presuntamente un total de 1.489 millones de pesetas en concepto de Seguridad Social e IVA, a pesar de lo cual ha recibido sin problema, y aunque no cumplía los requisitos exigidos para ello, un total de 3.362 millones de pesetas en subvenciones oficiales del Gobierno vasco de 1991 a 1999. El magistrado agrega que estas subvenciones públicas, que ahora deberán ser examinadas, han permitido a AEK desarrollar su actividad, teóricamente la enseñanza del euskera a adultos, en márgenes de ilegalidad. Es decir, que los imputados, siguiendo instrucciones de ETA-KAS desarrollan a través de AEK toda la dinámica relacionada con la enseñanza del euskera en el ámbito del frente cultural y de masas como elemento esencial para la construcción del llamado "Estado paralelo" que deslegitime al Estado español.

El auto se ha basado en un dictamen pericial elaborado sobre documentos incautados a miembros de ETA desde 1993 hasta este año y también sobre otros documentos oficiales respecto a la contabilidad de AEK y de la sociedad tapadera Galgaraka, SL, de la que fueron fundadores cinco miembros de AEK.

Garzón precisa que la incardinación de AEK en el entramado de ETA-KAS ya se constataba en el documento elaborado en 1983, titulado Ponencia KAS, Bloque Dirigente, que fue intervenido a ETA en Francia en 1994.

En 1993, AEK figuraba con la nomenclatura A-M dentro de los códigos nuevos de ETA. En 1998 en el piso de la militante de ETA-KAS Inmaculada Berriozal se incautó un documento en el que se explica la teoría del desdoblamiento, cómo se deben interrelacionar las diferentes formas de lucha, armada, de la calle, institucional, ámbito en el que AEK es considerada como organización de masas, junto a Gestoras Pro Amnistía, instrumentalizada a través de militantes de KAS.

AEK es considerada en el proyecto Udaletxe, elaborado por ETA-KAS en 1992, como una gran empresa de un sistema financiero que cumple las directrices establecidas.

Se autofinancia, al margen de las subvenciones públicas, con los criterios especificos aprobados en Udaletxe, como rifas, tabernas, cuotas y venta de material, y a su vez presta ayuda para financiar otras empresas de la estructura, como Gadusmar, el grupo editorial Orain-Egin, Xaki, Jarrai o los sueldos de los liberados de KAS, entre los que figuran Arnaldo Otegi, José Antonio Etxeberria Arbelaitz, Xabier Alegría, Juan María Mendizábal, Jon Salaberria o Iker Beristain, entre otros.El juez Garzón ha imputado al primer equipo directivo de AEK, formado por Juan María Mendizabal, Eduardo Konde Rekondo, Erramun Osa Ibarzola y Ángel Olalde Arrieta, que funcionó entre 1991 y 1994, un delito de integración en organización terrorista y fraude a la Seguridad Social. Este último delito se imputa también a Juan María Larrate Telletxea, Elena Etxalar Martínez, Luis Javier Ugalde Ulias e Iñaki Ustariz, que sucedieron a los primeros hasta el 27 de enero de este año.

Los delitos de fraude a la Seguridad Social y a Hacienda, con respecto a la sociedad Galgaraka, son imputables a Olatz Arkotxa Garate, Itxaso Ojeda Errasti y Félix Gómez Fernández.

Jesús María Zalalain Garaikoetxea, Xabier Alegría Loinaz, María Teresa Mendiburu Zabarte, Juan Ramón Aranguren Mendizábal y Manuel Intxauspe Vergara han sido imputados en delito fiscal con respecto a dos operaciones realizadas por la empresa Ardatza.

Por último, Baltasar Garzón imputa colaboración con ETA a Itziar Goienetxea Garmendia, María Victoria Armendariz y Ángel Hermosilla Bermejo. Iker Beristain ya estaba procesado en esta causa, mientras que el juez no adopta decisión alguna sobre José Antonio Etxeberria Arbelaitz y Pablo Gorostiaga debido a que son parlamentarios vascos y el magistrado remitirá un testimonio del informe pericial al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para que tome la iniciativa legal que considere oportuna.

Texto íntegro del auto en www.elpais.es