El PSOE recurre la negativa de Gil a dar el informe del Tribunal de Cuentas

El PSOE de Marbella presentó ayer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la negativa de Jesús Gil y Gil a facilitar a la oposición copia del informe provisional del Tribunal de Cuentas, en el que se refleja la existencia de 40.000 millones de pesetas de gastos públicos sin justificar. Los socialistas acusan a Gil de un delito contra el derecho de participación política, y en sus argumentos se se apoyan en dos sentencias del Tribunal Supremo.

El recurso se dirige en concreto contra los acuerdos adoptados en un pleno celebrad...

El PSOE de Marbella presentó ayer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la negativa de Jesús Gil y Gil a facilitar a la oposición copia del informe provisional del Tribunal de Cuentas, en el que se refleja la existencia de 40.000 millones de pesetas de gastos públicos sin justificar. Los socialistas acusan a Gil de un delito contra el derecho de participación política, y en sus argumentos se se apoyan en dos sentencias del Tribunal Supremo.

El recurso se dirige en concreto contra los acuerdos adoptados en un pleno celebrado el pasado 8 de noviembre, en el que los concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) aprobaron no entregar a la oposición el citado documento sobre la fiscalización del Ayuntamiento y las sociedades municipales entre los años 1990 y 1999.

Aquella sesión plenaria fue convocada a petición de los tres partidos de la oposición municipal, PSOE, PP y PA, e incluía como únicos puntos la puesta de manifiesto del informe remitido por el máximo órgano fiscalizador y la aprobación de las alegaciones presentadas por el partido de Gil y Gil.

Sin embargo, todo quedó en papel mojado. Para empezar el equipo de gobierno no facilitó el expediente antes del pleno, y además el mismo día de su celebración presentó por sorpresa una enmienda para modificar el orden del día de la sesión, en la que acordaba "la no entrega de la documentación solicitada, al no tratarse de una resolución definitiva".

Los argumentos esgrimidos por el Grupo Independiente Liberal son ya conocidos: "facilitar ahora esa información podría causar un daño irreparable al municipio, si la decisión definitiva fuese contraria a la manifestada en el anteproyecto".

De poco sirvieron las críticas de socialistas, populares y andalucistas contra la medida, que les impidió nuevamente conocer y debatir sobre el contenido del documento, al que todavía no han tenido acceso. El primer teniente de alcalde, Julián Muñoz, fue tajante: no llevarán el informe al pleno hasta que este sea definitivo.

Para el Partido Socialista está claro que con esta decisión el GIL vuelve a impedir el libre ejercicio de sus derechos fundamentales. Insisten en que dos sentencias del Tribunal Supremo les dan la razón, y se muestran decididos a agotar todas las vías posibles para conocer los resultados de la fiscalización que durante 10 meses ha llevado a cabo el Tribunal de Cuentas en el Ayuntamiento y cinco de las empresas públicas creadas por Jesús Gil desde que accedió a la alcaldía en junio de 1991.