Telefónica pide explicar ante el Parlament su política de banda ancha
Telefónica quiere explicar ante el Parlament su política de comunicaciones de banda ancha en Cataluña, en la que ha apostado por una tecnología alternativa al cable llamada ADSL. La opción de la operadora, que no ha sido convocada oficialmente a comparecer ante los diputados de la comisión de la Sociedad de la Información, fue criticada ayer duramente por la oposición socialista. El PSC también lanzó críticas contra la Generalitat por sembrar "dudas entre la gente" sobre la viabilidad del cable.
El reciente acuerdo firmado por Telefónica y el Gobierno de la Generalitat, suscrito también...
Telefónica quiere explicar ante el Parlament su política de comunicaciones de banda ancha en Cataluña, en la que ha apostado por una tecnología alternativa al cable llamada ADSL. La opción de la operadora, que no ha sido convocada oficialmente a comparecer ante los diputados de la comisión de la Sociedad de la Información, fue criticada ayer duramente por la oposición socialista. El PSC también lanzó críticas contra la Generalitat por sembrar "dudas entre la gente" sobre la viabilidad del cable.
El coste de las licencias
El reciente acuerdo firmado por Telefónica y el Gobierno de la Generalitat, suscrito también por el consorcio de ayuntamientos Localret, ha levantado ampollas. Para la oposición socialista, el punto más polémico de este acuerdo hace referencia al compromiso por parte de la operadora de posibilitar que, antes de que acabe 2001, un 92% de la población catalana tenga acceso a las comunicaciones de banda ancha mediante el sistema ADSL. Esta tecnología permite a Telefónica reaprovechar la infraestructura de que ya dispone en Cataluña -incluida su red de fibra óptica y los hilos tradicionales de cobre que llegan a las casas- para ofrecer una conexión a Internet a gran velocidad. La compañía ha optado por este sistema en lugar de invertir en una red de telecomunicaciones por cable, que supondría inversiones más elevadas.
Las críticas a la opción de Telefónica se basan en el hecho de que el cable es una infraestructura que permite, según los expertos, mayor capacidad de transmitir información, a mayor velocidad, fiabilidad e interactividad para el usuario.
Localret suscribió el acuerdo como "un paso adelante" para extender las comunicaciones de banda ancha, pero dejó claro que "Cataluña no puede renunciar a la mejor opción, el cable", para modernizar sus infraestructuras de telecomunicaciones.
Miquel Barceló, consejero de Sociedad de la Información en el gobierno en la sombra de Pasqual Maragall, criticó ayer a Telefónica porque "modifica sus planes de inversiones según la situación comercial".
Barceló atribuyó el posicionamiento de la operadora sobre el cable al elevado coste de las licencias de telefonía de tercera generación (llamadas UMTS, y que también permiten las comunicaciones de banda ancha, mediante el teléfono móvil), obtenidas en las subastas de licencias celebradas en distintos países. "Estas actuaciones en el extranjero que han estancado las inversiones en el cable explican que [Telefónica] haya optado por el ADSL", dijo el diputado.Telefónica reaccionó airadamente a esta acusación, y aseguró que "no hay vinculación" entre la inversión en las licencias y la apuesta del ADSL.
Las críticas de Miquel Barceló se dirigieron también al Gobierno de la Generalitat, al que calificó de "cómplice" y de "plataforma de la estrategia" de Telefónica, al haber presentado el acuerdo con la operadora como "una opción al cable". Para la oposición socialista, y también para el director general de Menta -la empresa que obtuvo en 1997 la concesión para cablear Cataluña-, se han sembrado "dudas" entre la gente sobre el futuro del cable. La secretaría para la Sociedad de la Información de la Generalitat asegura que "no ha renunciado al cable", y que su apoyo a tecnologías alternativas sólo busca "favorecer la incorporación de Cataluña a la sociedad digital y evitar una fractura del territorio entre zonas con o sin acceso a comunicaciones de banda ancha.
Barceló pidió que la Generalitat dedique los ingresos obtenidos en las privatizaciones de telecomunicaciones a infraestructuras, y no a cubrir la deuda de la Corporación Catalana de Radio y Televisión.
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