Los 80 detenidos del Alarde de Hondarribia sólo podrán recibir sanciones administrativas
Las 80 personas que fueron detenidas en septiembre durante los ensayos y la celebración del Alarde de Hondarribia se enfrentan a partir de ahora exclusivamente a los expedientes administrativos incoados por el departamento vasco de Interior. El juez de Irún que tramitaba las denuncias penales ha decidido archivar las diligencias porque entiende que no está acreditado que cometieran un delito. En su resolución apunta además que la actuación de las personas arrestadas podría encuadrarse en el ámbito de las infracciones administrativas. La resolución judicial fue notificada el lunes a la Fiscalía...
Las 80 personas que fueron detenidas en septiembre durante los ensayos y la celebración del Alarde de Hondarribia se enfrentan a partir de ahora exclusivamente a los expedientes administrativos incoados por el departamento vasco de Interior. El juez de Irún que tramitaba las denuncias penales ha decidido archivar las diligencias porque entiende que no está acreditado que cometieran un delito. En su resolución apunta además que la actuación de las personas arrestadas podría encuadrarse en el ámbito de las infracciones administrativas. La resolución judicial fue notificada el lunes a la Fiscalía, que había solicitado la semana anterior el archivo de las actuaciones. Tanto el títular del Juzgado de Instrucción número 3 de Irún, Julián Manteca, como el Ministerio Público coinciden en que no está suficientemente probado que los detenidos cometieran infracción penal alguna. Todos ellos, partidarios del Alarde tradicional, en el que la mujer sólo participa como cantinera, boicotearon durante varios días los ensayos de la compañía mixta Jaizkibel, en vísperas de la celebración del desfile conmemorativo. También entorpecieron este acto, al que finalmente no pudo sumarse la citada formación.
El archivo de las diligencias penales supone en la práctica que sólo tendrán que hacer frente a los expedientes administrativos abiertos "por alteración grave del orden público". Si prosperaran, podrían ser sancionados con una multa que oscila entre las 50.000 pesetas y los 5.000.000. Sus abogados defensores ultiman durante estos días las alegaciones que harán a Interior.