El PP defiende la legitimidad de su propuesta para rebajar el IAE en Vitoria
El equipo de gobierno municipal de Vitoria se ha comprometido a rebajar un 15% el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a los pequeños negocios, pese a que esa propuesta depende de otra institución, las Juntas Generales, que es la que tiene la competencia para modificar la actual norma foral de modo que la reforma se pueda hacer en las condiciones que desea el PP en todos los municipios alaveses. No obstante, el concejal de Hacienda, Javier Maroto, defendió ayer la legitimidad de su iniciativa. Aseguró que ya ha consultado a la Diputación alavesa para que, en caso de que la rebaja se aprueb...
El equipo de gobierno municipal de Vitoria se ha comprometido a rebajar un 15% el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a los pequeños negocios, pese a que esa propuesta depende de otra institución, las Juntas Generales, que es la que tiene la competencia para modificar la actual norma foral de modo que la reforma se pueda hacer en las condiciones que desea el PP en todos los municipios alaveses. No obstante, el concejal de Hacienda, Javier Maroto, defendió ayer la legitimidad de su iniciativa. Aseguró que ya ha consultado a la Diputación alavesa para que, en caso de que la rebaja se apruebe en el Ayuntamiento, el Gobierno foral presente acto seguido ante las Juntas el consiguiente proyecto de norma.En cualquiera de los dos casos, el PP necesita el apoyo de los socialistas -con los que quiere renovar su colaboración en materia de Hacienda-, tanto para sacar adelante la rebaja parcial del IAE en el Ayuntamiento como la norma foral en las Juntas. Si la reforma del impuesto en Vitoria no fuera acompañada de la correspondiente modificación de la norma en el Parlamento provincial, esa reducción del 15% no sólo afectaría al colectivo que se pretende beneficiar (pequeñas empresas, comercio minorista, profesionales y artistas), sino a todas las compañías que deben pagar el IAE, entre ellas las grandes empresas, lo cual supondría un importante descenso en los ingresos municipales.
El proceso en las Juntas Generales para tramitar la modificación de una norma foral implica un mínimo de un mes hasta su aprobación definitiva.