La odisea de dos biólogos
La odisea de Jordi Petriz y Óscar Fornas, los dos jóvenes científicos que se quedaron en el paro pese a haber revolucionado las técnicas de citometría de flujo con una nueva y sorprendente aproximación, parece haber llegado a su fin, por ahora. El pasado mes de julio, apenas unos días después de desvelar su precaria situación, recibieron la llamada de Joan Rodés, director de investigación en el Hospital Clínico de Barcelona y del consorcio público de investigaciones biomédicas Idibaps. Rodés les propuso incorporarse a su centro de forma inmediata para proseguir una propuesta científica con un ...
La odisea de Jordi Petriz y Óscar Fornas, los dos jóvenes científicos que se quedaron en el paro pese a haber revolucionado las técnicas de citometría de flujo con una nueva y sorprendente aproximación, parece haber llegado a su fin, por ahora. El pasado mes de julio, apenas unos días después de desvelar su precaria situación, recibieron la llamada de Joan Rodés, director de investigación en el Hospital Clínico de Barcelona y del consorcio público de investigaciones biomédicas Idibaps. Rodés les propuso incorporarse a su centro de forma inmediata para proseguir una propuesta científica con un enorme potencial en el ámbito clínico, proposición que ya se ha concretado.Las investigaciones de Petriz y Fornas se iniciaron en el Instituto de Investigaciones Oncológicas (IRO) de Barcelona, dependiente también de la administración sanitaria autonómica. Allí desarrollaron una nueva aproximación a la citometría de flujo que, en esencia, venía a simplificar el manejo de la técnica y mejoraba sensiblemente los resultados obtenidos. La técnica, que se utiliza de forma rutinaria para informar de la cantidad y calidad de las células sanguíneas, además de para verificar el grado de malignidad de células tumorales, suele verse enmascarada por el uso de reactivos químicos que alteran la calidad de las muestras. Petriz y Fornas, en un trabajo que fue publicado en la edición de Nature Medicine de julio pasado (ver EL PAÍS del 5 de julio), solventaron este problema.
Los dos científicos, sin embargo, se vieron envueltos en un cúmulo de dificultades que llegaron a poner en peligro el éxito de sus investigaciones. Como tantos otros en España, su puesto de trabajo en el IRO era precario. Petriz disponía de un contrato de sustitución en el que no se le reconocía su categoría laboral como investigador y Fornas constaba como técnico de formación profesional. Ambos contratos llegaron a su fin antes de culminar las exigentes revisiones planteadas por Nature Medicine, por lo que debieron afrontarlas por su cuenta.
Tras la publicación del artículo en la revista científica y, como reconocen ellos mismos, tras la difusión de su particular odisea en este periódico, su vida cambió de rumbo, tanto en lo personal como en lo profesional.
La solución a su caso, admite sin tapujos Joan Rodés, que figura entre los autores más citados de origen español en el mundo de la biomedicina, ha llegado de una forma un tanto atípica y tiene "mucho de lección". Los dos investigadores enviaron, tras su salida del IRO, multitud de cartas a instituciones científicas y a investigadores de relieve. Una de las misivas llegó a Andreu Mas Colell, responsable de la política científica en la Generalitat catalana, quien actuó como mediador ante Rodés. Éste, quien a su vez también había tenido un contacto previo con los investigadores, actuó con presteza y les ofreció un contrato de tres años en el Idibaps.
Rodés entiende que la solución que han recibido "es temporal", aunque significa un "punto de inicio", y que la presteza con la que se actuó vino motivada en parte por la trascendencia de su trabajo y, también, por su difusión en los medios de comunicación.
La mediación política, que Rodés no niega, pone sobre el tapete la situación de un número indeterminado de investigadores, que algunas fuentes elevan hasta cerca de los 10.000, dotados de contratos precarios. Buena parte de ellos se han formado en el extranjero y se han acogido a los contratos de reincoporación que ofrece la Administración española. Éstos, a razón de 800 anuales con una dotación de 2.500 millones de pesetas en total, tienen una duración de tres años, más otros dos prorrogables, que alcanzan al 70% de las solicitudes de prórroga, según la Administración.
El problema viene cuando terminan estos contratos. Las plazas de trabajo raramente se estabilizan por lo que ni el investigador ni la línea emprendida tienen continuidad. Ello obliga a una diáspora de jóvenes valores que, en determinadas áreas como la biología molecular, puede provocar que el 40% de una promoción de científicos en formación resida en el extranjero y hasta el 70% de los doctores surgidos de la misma disponga de una plaza estable en otros países, por lo que apenas se plantean su regreso a España.
Hoy por hoy, no se conocen ni el número ni otros datos de investigadores españoles en el extranjero.