PSOE e IU piden al Gobierno que anule el concurso por el que sólo recaudó 86.000 millones

La concesión de licencias de móviles de tercera generación (UMTS) por 86.000 millones de pesetas y dos días antes de las elecciones de marzo fue "el mayor regalo de la historia económica de España", en opinión del portavoz del PSOE, Jesús Caldera. Por ello, tanto el PSOE como IU anunciaron ayer que, a partir de septiembre, iniciarán una ofensiva parlamentaria para que el Gobierno corrija ese "error". Anular el concurso o imponer una tasa a las concesionarias serían las opciones a tener en cuenta por el Ejecutivo. El Gobierno, de momento, no se plantea dar marcha atrás, según las fuentes consul...

La concesión de licencias de móviles de tercera generación (UMTS) por 86.000 millones de pesetas y dos días antes de las elecciones de marzo fue "el mayor regalo de la historia económica de España", en opinión del portavoz del PSOE, Jesús Caldera. Por ello, tanto el PSOE como IU anunciaron ayer que, a partir de septiembre, iniciarán una ofensiva parlamentaria para que el Gobierno corrija ese "error". Anular el concurso o imponer una tasa a las concesionarias serían las opciones a tener en cuenta por el Ejecutivo. El Gobierno, de momento, no se plantea dar marcha atrás, según las fuentes consultadas.

Las discrepancias de la oposición con la fórmula elegida por el Gobierno para adjudicar las licencias de UMTS, el concurso, no son nuevas. Ya en el mes de mayo, el PSOE presentó una moción en el Congreso en la que, además de criticar el proceso de adjudicación, se ofrecían al Ejecutivo dos fórmulas para corregir lo que a su juicio era una gran error: anular el concurso o imponer a las empresas concesionarias una tasa sobre la recaudación futura, algo que, según el portavoz socialista, Jesús Caldera, permite la Ley de Telecomunicaciones que está en vigor.La primera fórmula, la anulación, supondría, según cálculos del PSOE, una indemnización a las empresas por las inversiones ya realizadas de unos 100.000 millones de pesetas, una cifra mínima en comparación con el dinero que en opinión del primer partido de la oposición, debería haber logrado el Gobierno español en un proceso de subasta: entre 3,5 y cuatro billones de pesetas.

La segunda alternativa, imposición de una tasa del 2% o el 3% sobre la recaudación, permitiría al menos, en opinión de Caldera, "rescatar una parte, aunque sea mínima, de lo que se debería haber recaudado por el uso de un espacio de dominio público" como es el radioeléctrico.

"El Gobierno", afirmó ayer Caldera, "tiene una deuda con todos los españoles y hay que cobrarla". Para ello, el portavoz socialista adelanta que a partir de septiembre habrá una ofensiva parlamentaria sobre este asunto.

Explicaciones

La misma actitud mantiene Izquierda Unida. Su portavoz, Gaspar Llamazares, adelantó también ayer que, a partir de septiembre, presionará al Gobierno para que explique las razones que le llevaron a adjudicar las licencias por un precio que, en comparación con las cifras barajadas en otros países como el Reino Unido y Alemania, parecen irrisorias.IU ha presentado en el Congreso una batería de preguntas para que el Ejecutivo valore el proceso de subastas celebrado en otros países y explique si está dispuesto a reconsiderar la decisión que adoptó en marzo.

Tanto el PSOE como IU reprochan al Gobierno el oscurantismo con que ha llevado el proceso de adjudicación de licencias y la ausencia de explicaciones de la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés.

"Las explicaciones que ofreció la ministra Birulés en el Congreso sobre el concurso trataron de justificarlo con las inversiones que iban a realizar las empresas y con la afirmación de que, en España, los móviles UMTS funcionarían antes que en otros países". Ante estas explicaciones, afirma Caldera, y si se compara el dinero obtenido en España (86.000 millones) con lo obtenido en Alemania (8,4 billones de pesetas) cabe plantearse las siguientes preguntas: "¿Es que en España las empresas adjudicatarias van a invertir 30 veces más que en Alemania?", "¿cabe pensar que los precios del servicio en España van a ser 30 veces más baratos?".

Llamazares, por su parte, destaca, en este mismo sentido, que los grupos parlamentarios solicitaron al Gobierno, hace tres meses, toda la documentación del concurso que pueda avalar la tesis de que el proceso llevado a cabo tiene "beneficios directos e indirectos" y que, como explicó en su día la ministra Birulés, conllevará mayor calidad de servicio, mayor rapidez y contrapartidas industriales, tecnológicas y de empleo. "La documentación", explica el portavoz de IU, "todavía no nos ha llegado y el hecho es que el Gobierno no ha dado una sola explicación".