España, Italia, Francia y Alemania suprimen el permiso de residencia para comunitarios
España, Italia, Alemania y Francia eliminaron ayer la obligación de obtener un permiso de residencia a los ciudadanos de la Unión Europea. La medida se aplicará a todos los nacionales comunitarios aunque no haya reciprocidad. También a los nacionales de Noruega, Islandia y Liechtenstein, aunque en este caso sólo si hay reciprocidad. El acuerdo se firmó aprovechando la reunión informal de ministros europeos de Interior y Justicia en Marsella, consagrada a reflexionar sobre los problemas de inmigración y la construcción de un espacio judicial europeo.
Para los españoles la principal conse...
España, Italia, Alemania y Francia eliminaron ayer la obligación de obtener un permiso de residencia a los ciudadanos de la Unión Europea. La medida se aplicará a todos los nacionales comunitarios aunque no haya reciprocidad. También a los nacionales de Noruega, Islandia y Liechtenstein, aunque en este caso sólo si hay reciprocidad. El acuerdo se firmó aprovechando la reunión informal de ministros europeos de Interior y Justicia en Marsella, consagrada a reflexionar sobre los problemas de inmigración y la construcción de un espacio judicial europeo.
Simbolismo
Para los españoles la principal consecuencia del acuerdo es que a partir del 1 de enero de 2001 podrán desplazarse y vivir en Alemania, Francia e Italia sin necesidad de realizar ninguna gestión burocrática ante las autoridades locales. Así será para los ciudadanos activos y los estudiantes, y también para los llamados "beneficiarios del derecho a permanecer". Pero no para los jubilados o aquellas personas que, sin haberse acogido a la jubilación, tampoco figuran como trabajadores en activo. Este grupo lo forman los dos polos más opuestos de la sociedad: los marginados y los millonarios. Jubilados, millonarios y marginados seguirán necesitando un permiso de residencia.Activos y estudiantes podrán residir sin permiso y bastará con que acrediten su nacionalidad mediante un pasaporte o un documento nacional de identidad. Pero no tendrán derecho ni a beneficiarse de la seguridad social local ni a percibir ningún tipo de pensión no contributiva.
Los cuatro países firmantes del acuerdo decidieron extender sus beneficios al resto de países de la Unión Europea, incluso en el caso de que éstos no acuerden aplicar las mismas medidas a los ciudadanos españoles, alemanes, franceses e italianos. También se invitará a participar del acuerdo a los tres países del Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein) aunque en este caso sí se exigirá que las medidas se apliquen mutuamente a las dos partes.
El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, que firmó la declaración en nombre del Gobierno español, destacó el simbolismo de ese acuerdo, rubricado precisamente aprovechando una reunión informal de los titulares europeos de Interior y de Justicia en la que el denominador común de los debates fue la colaboración mutua en materias como la inmigración o la creación de un espacio judicial europeo. Un espacio que la ministra francesa Elisabeth Guigou ve como el mejor método para que "los criminales sean juzgados allí donde han cometido el crimen, al margen de cuál sea su nacionalidad", mientras para el español Ángel Acebes es necesario porque "una frontera no debe ser obstáculo para perseguir delincuentes".La creación de un espacio judicial europeo es un objetivo político fijado en otoño pasado en la cumbre de Tampere, en Finlandia. Fue una idea defendida sin éxito por España hace más de tres años, durante las negociaciones que cuajaron en el Tratado de Amsterdam, y que ahora ha pasado a tener carácter prioritario.
Los ministros de Justicia parecieron ayer estar de acuerdo en que la mejor vía para llegar a ese espacio judicial común es el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales, descartando así tácitamente la compleja opción de intentar armonizar las legislaciones nacionales con normas comunes europeas.
Para el Gobierno español uno de los principales objetivos es acelerar la unificación de criterios en materia de extradición. Pero Madrid ha topado con las reticencias del comisario europeo competente en la materia, el portugués Antonio Vitorino. Vitorino teme que si se soluciona primero el problema de las extradiciones algunos países dejarán de estar interesados en el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales. "A largo plazo, la extradición entre los Estados miembros de la Unión podría convertirse en inútil si las decisiones tomadas en un Estado miembro fueran simplemente reconocidas en todos los otros Estados miembros".
El ministro español Ángel Acebes admitió la coherencia del razonamiento de Vitorino, pero insistió en que ello no era obstáculo para acelerar un acuerdo en materia de extradición. Recibió el apoyo de la presidenta del Consejo, Elisabeth Guigou. "La cuestión de la extradición es un problema difícil, pero eso no es razón para que no lo situemos entre los primeros asuntos a discutir".
El plazo de realización del espacio judicial europeo es una de las incógnitas no resueltas ayer. Acebes, prudente, no quiso hacer pronósticos. Guigou se conformó con recordar que "hemos tardado 45 años en hacer el mercado interior y 30 años en hacer la moneda; espero que no necesitemos tanto tiempo para hacer el espacio judicial único". Fuentes diplomáticas se mostraron mucho más optimistas: "En tres o cuatro años podemos lograr el reconocimiento mutuo de sentencias; a partir de ahí se habrán solucionado problemas como el de las extradiciones, que nos preocupan mucho a todos". "El principal problema de las extradiciones no es el terrorismo, como piensan algunos, sino los delincuentes comunes", añadieron esas fuentes.
Guigou anunció que la presidencia francesa presentará una iniciativa para que el acuerdo firmado en junio para resolver qué juez es competente en materia de divorcio en los matrimonios binacionales se complete con un acuerdo sobre el derecho de visita a los hijos, aunque dejó para más adelante cualquier propuesta sobre pago de pensiones alimentarias. "Cada cosa a su tiempo", admitió.